El texto del nuevo Estatuto se ajusta a la Constitución, pero debe mejorarse. Así se desprende del dictamen elaborado por el Consejo Consultivo sobre la proposición de ley de reforma del Estatuto y que fue entregado ayer por el presidente de la institución, Juan Cano Bueso, al presidente de la Junta, Manuel Chaves. El dictamen critica, entre otros aspectos, la ausencia de preámbulo en el texto que se tramita en el Parlamento y propone modificar la «incorrecta formulación» de su artículo 1, que recoge que «los poderes de la Comunidad emanan del pueblo andaluz y de la Constitución», ya que considera que el pueblo andaluz «no es titular de la soberanía ni es un poder constituyente».

Cano Bueso reiteró, no obstante, lo ya filtrado a los medios de comunicación el pasado fin de semana, que el texto se ajusta, «en términos generales», a la Constitución. Aun así, el dictamen, de 190 páginas, incorpora un centenar de observaciones, entre las que se incluyen propuestas de textos alternativos, mejoras técnicas y avisos sobre la necesidad de «invocar títulos estatales o de la Constitución» a determinados apartados. El informe cuenta con dos votos particulares de los representantes a propuesta del PP.

Entre sus observaciones, el dictamen considera que el Estatuto «debería incluir un preámbulo» - que no figura por la decisión de PSOE e IU de aplazar su debate-, en el que se haga referencia a «la historia, los rasgos identitarios del pueblo andaluz y sus aspiraciones».

Financiación local

También anima a los grupos políticos a incluir en el futuro texto un «régimen local propio» que vaya más allá de la actual regulación marco que establece la Ley de Bases del Régimen Local, que data de 1985. «Si en Cataluña han sustituido las diputaciones provinciales por las veguerías, en Andalucía se puede abordar un sistema competencial para los ayuntamientos más o menos profundo con delegación de competencias y financiación adecuada», dijo Cano Bueso, que apuntó incluso la posibilidad de introducir figuras «no previstas en otros lugares» como las mancomunidades o las comarcas.

El dictamen, elaborado teniendo en cuenta la Constitución, la jurisprudencia del TC, los tratados internacionales ratificados por España y la legislación de la UE, constata que la proposición de Ley de reforma del Estatuto supone un «indudable avance en la profundización del autogobierno» y recurre a una de las «posibles tipologías de forma técnica sin reproche desde el punto de vista constitucional».

El Consejo Consultivo resalta el «esfuerzo permanente» del texto por «adecuar las normas jurídicas a la realidad social, política y económica subyacente», sostiene que el modelo de financiación autonómica propuesto «no es contrario a la Constitución», valora el catálogo de nuevos derechos sociales y la inclusión de derechos de «última generación», como el medio ambiente y los medios de comunicación social, y respalda la referencia «cautelar» al Consejo de Justicia andaluz en el título del Poder Judicial, ya que Cano Bueso advirtió de que sólo podrá desarrollarse en aquellas comunidades que lo hayan previsto en sus estatutos.

El dictamen, que fue aprobado con la abstención de los consejeros a propuesta del PP, incluye dos votos particulares, en los que, entre otros aspectos, se cuestiona el recurso a la vía del artículo 150.2 para la asunción de competencias del Estado en materia de puertos y aeropuertos, servicio meteorológico, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), tráfico y seguridad vial y museos, archivos y bibliotecas.

Votos particulares

El dictamen apoya la vía del150.2 para todas las competencias antes mencionadas, salvo la de la cuenca del Guadalquivir, de la que propone asumir su competencias sin necesidad de recurrirá este artículo, pero dejando «a salvo» la potestad del Estado sobre la «planificación del ciclo integral del agua».

Los votos particulares también se refieren al derecho a una muerte digna, en el que se alerta sobre el riesgo de «desembocar en la eutanasia»; el laicismo de la enseñanza pública; los aspectos relativos a la financiación autonómica de la Comunidad, en el que se cuestiona su validez en relación con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca); el uso del espacio radioeléctrico, en el que se considera que se trata de una competencia estatal; y el relativo al informe previo de la Junta sobre las obras de interés general del Estado previsto en la comisión bilateral incluida en la proposición de Ley. Los votos coinciden con los del PP al Estatuto.