Endesa continuará la defensa de su independencia y de su proyecto empresarial «con uñas y dientes», como anunció su presidente, Manuel Pizarro, tras la OPA hostil lanzada por Gas Natural. La compañía eléctrica anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión del Consejo de Ministros de autorizar, con condiciones, la concentración promovida por la firma gasista.

«Las condiciones impuestas, unidas a la escasa calidad del proyecto de Gas Natural, hacen que éste carezca en este momento de lógica industrial, de sentido económico y de racionalidad empresarial, al tiempo que lo hacen difícilmente sostenible por el grave riesgo regulatorio que le permite asumir», subrayó Endesa. El grupo acaba de fracasar en su intento de que el Tribunal de Justicia de la UE impusiera medidas cautelares para paralizar el proceso. La Corte de Luxemburgo se pronunciará en unos meses -en torno a mayo- sobre si la operación debería ser analizada por las autoridades europeas de la competencia, como sostiene la eléctrica, o por las españolas, como dictaminó la Comisión.

Endesa anunció ayer que analizará con detalle la decisión adoptada ayer por el Gobierno, cuando le sea notificada de forma oficial, lo que no le impidió rechazarla con rotundidad tras someterla a una primera evaluación.

Con toda probabilidad, la eléctrica pedirá al Supremo que adopte medidas cautelares para suspender la autorización del Consejo de Ministros. Aunque la decisión del tribunal podría tomarse antes de que la OPA llegue a término, en el plazo de un mes o mes y medio, la paralización no es frecuente en este tipo de casos. El pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión se demorará al menos dos años, dado el retraso que acumulan los trabajos de esta instancia judicial.

Condiciones razonables

Unión Fenosa, la tercera eléctrica por dimensión, cree que esta operación de integración empresarial constituye una oportunidad para corregir las graves disfunciones que, a su juicio, presenta el sistema energético. La compañía, que calificó de «razonables» las condiciones impuestas por el Gobierno, señaló que si los accionistas de Endesa aceptan la oferta, los requisitos establecidos y el posterior programa de desinversiones, «los cambios en el modelo de funcionamiento podrían llevarse a cabo compatibilizando el mantenimiento de la competencia con el refuerzo de la seguridad en el suministro, aspecto prioritario en las actuales circunstancias energéticas».

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señaló que la OPA «afecta a la competencia» y mostró su preocupación por que en algunas comunidades se creen monopolios en los suministros de gas y electricidad a tarifa, lo que conlleva «un riesgo tremendo» para el consumidor.