La Plataforma Protraslado pedirá información por escrito a Ana Cobo

De esta manera, la primera medida de protesta que han anunciado y que ya están llevando a cabo será el envío de cartas a la delegada del Gobierno en Jaén por parte de los padres de los alumnos del IES Santa Engracia y también de los progenitores de los estudiantes de la Escuela de Idiomas. Ana Cobo podría recibir un millar de cartas porque el IES Santa Engracia tiene 180 alumnos, y la Escuela de Idiomas supera los 800.

«Queremos que nos comunique por escrito en qué situación se encuentra el traslado. Queremos que nos diga si las instalaciones están adecuadas para dar una educación de calidad, que si son conocedores que este centro (IES Santa Engracia) incumple la propia normativa que tiene la Junta de Andalucía sobre accesibilidad y que también si es conocedora de que este centro incumple la normativa básica sobre construcción de centros educativos», añadió Rodríguez.

Reconocen estar «cansados» de que se les comuniquen cosas «que luego no cumplen», dijo Rodríguez. Así, revelaron que esperarán un tiempo prudencial para recibir las contestaciones por parte de Ana Cobo y no descartan más medidas de no ser así, planteándose incluso convocar una manifestación. Para ello, recurrirían a los colectivos que, según ellos, ya los han apoyado anteriormente con esta reivindicación.

Por otro lado, también expresaron su malestar porque no se haya contado con ellos todavía para la redacción del proyecto, pese a que se anunció en un principio que se tendrían en cuenta sus necesidades. Si bien, creen que aún no se ha empezado con él. «Pensamos que no hay todavía redacción de proyecto. Cuando la delegada de Educación nos comunica que puede haber un cierto retraso, creo que desde la administración no se está preparada porque podría haber retraso en la negociación y en lo que es la firma del convenio de cesión de uso, pero se podría estar avanzando en otros aspectos, como es en esto», sostuvo el portavoz. Al parecer, el problema se ha enquistado porque la UJA no permite una cesión de uso de más de 4 años, mientras que la Junta quiere que el periodo sea mayor.