El Ayuntamiento defiende su gestión en las expropiaciones de Cantarranas

Diez años después de su apertura, ha surgido la polémica en torno a la expropiación de sus terrenos. /ENRIQUE
Diez años después de su apertura, ha surgido la polémica en torno a la expropiación de sus terrenos. / ENRIQUE

Los ediles Joaquín Gómez Mena y Luis Moya enumeraron los pasos que se dieron y confían en que el Supremo revoque su fallo judicial

JÉSSICA SOTOLINARES

Tras las últimas declaraciones efectuadas por la concejal del Partido Popular Ángela Hidalgo en referencia a la sentencia condenatoria al Ayuntamiento de Linares por las expropiaciones de los terrenos donde se ubica el parque de Cantarranas, ayer quisieron aclarar este asunto los concejales Luis Moya y Joaquín Gómez Mena, a los que Hidalgo pidió su dimisión.

Comenzaron a defender su gestión alegando que tanto ni Luis Moya como Joaquín Gómez Mena eran los responsables de las concejalías de Hacienda y Urbanismo, entre los años 2003 y 2007, periodo en el que tuvieron lugar las expropiaciones y el comienzo de las obras, y aludieron a que Hidalgo sí pertenecía a la Corporación Municipal que, según Gómez Mena, era conocedora de todos los pasos que se dieron.

La iniciativa de convertir esta zona degradada en un gran pulmón verde para la ciudad vino motivada por unas subvenciones que concedía la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que tenían dicho fin, con fondos europeos y con un importe de 3.742.344 euros. El Ayuntamiento, en cambio, tenía que poner a disposición los terrenos para hacer esta inversión.

Así, el 13 de mayo de 2004, el Pleno del Ayuntamiento de Linares adopta solicitar a la Junta que redacte el proyecto de restauración de dicha zona, algo que se acordó por unanimidad. Gómez Mena fue relatando cada uno de los acuerdos que se aprobaron, entre ellos, los relativos a las expropiaciones de terrenos y en todos llegaba a la misma conclusión para rebatir las palabras de la edil popular: «La señora Hidalgo era miembro de la Corporación, asistió a ese pleno y dio su aprobación como el resto de concejales», apuntó Gómez Mena. De esta forma, 'invitaron' a que dimitiese Hidalgo ya que era conocedora y dio su aprobación como el resto de corporativos.

La Junta de Andalucía aprobó de forma definitiva y con informe favorable el proyecto de actuación «justificando el interés social y su compatibilidad con el régimen de suelo no urbanizable», recalcó el concejal. Ambos concejales redundaron en que esos terrenos pertenecen a un suelo no urbanizable y, de acuerdo a los informes de los técnicos municipales, así se cuantificaron las expropiaciones, además de no estar estos terrenos dentro del PGOU ya que no podía existir aprovechamiento urbanístico alguno.

No obstante, la Comisión Provincial de Valoraciones, «obviando la determinación del Plan General de Ordenación Urbana de Linares», realiza su valoración como si se tratara de un terreno en suelo urbanizable. «Las discrepancias entre el Ayuntamiento y la Comisión Provincial de Valoraciones estriba que el Ayuntamiento entendía y entiende que estamos actuando sobre un suelo no urbanizable, tal y como contemplaba nuestro PGOU, y así se aprobó por la Consejería de Obras Públicas el proyecto de actuación en suelo no urbanizable», reiteró Gómez Mena.

Sin embargo, la justicia por el momento no da la razón al Consistorio linarense ya que el Tribunal Supremo ratifica una condena millonaria, en beneficio de los propietarios de los terrenos. «Se ha recurrido la sentencia y esperemos que los jueces nos den la razón. Ahora mismo este tema lo lleva un gabinete especialista en Madrid porque lo que no podemos pagar como suelo urbanizable, un suelo que es de dominio público hidráulico», declaró Moya.

Si finalmente el Ayuntamiento de Linares tiene que hacer frente a la sentencia, se haría a través de una modificación de crédito.

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