IU exige parar el envío de cartas de la concesionaria de agua pidiendo permiso para usar datos

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Linares (Jaén), Sebastián Martínez, ha exigido la paralización del envío de cartas por parte de Linaqua, encargada del servicio de agua, en las que pide autorización a los clientes para la utilización de sus datos.

En la misiva, según ha informado este jueves en una nota, comunica que, "salvo renuncia expresa, sus datos personales serán traspasados a determinadas empresas privadas", punto en el que ha considerado "intolerable" que "utilice los datos de los ciudadanos en beneficio de empresas privadas".

"Con esta acción Linaqua beneficia a empresas del entorno de Aqualia, empresa que ostenta la parte privada de Linaqua, lo cual supone un uso abusivo de los citados datos", ha comentado Martínez, quien ha añadido que el pasado 17 de julio preguntó en Junta de Gobierno por esta situación "sin que, hasta el momento, se haya recibido respuesta".

Por ello, ha reclamado al alcalde, Juan Fernández (PSOE), que "como presidente de Linaqua, paralice el envío de cartas y conmine a Aqualia a no volver a realizar este tipo de actividades". Y es que, a su juicio y "con independencia de la legalidad" de estas prácticas, no se puede tolerar que "empresas privadas se aprovechen de su entrada en las administraciones públicas para poder hacer uso y manipulación de los datos de la ciudadanía", por lo que "deben ser automáticamente paralizados por los responsables políticos".

Aqualia en la capital

Sobre una situación similar, en este caso en la capital, se ha pronunciado también este jueves en una nota la Unión de Consumidores de Jaén-UCE después de que el concejal de Hacienda y Comunicación, Miguel Contreras, haya informado de la paralización del envío de cartas por parte de Aqualia, concesionaria del servicio y ello, según dijo, "pese a que se cumplían todos los requisitos establecidos en el artículo 14 del Reglamento que desarrolla la Ley de Protección de Datos".

La organización ha recordado que denunció a la empresa ante la Agencia Española de Protección de Datos, toda vez que ya advirtió en julio que "filiales del grupo de FCC, como Aqualia y Reparalia Direct, con la autorización expresa de responsables municipales" y "con fines publicitarios" hizo un "uso y cesión indebidos de los datos personales de sus clientes, ofertando servicios diversos.

En este sentido, ha afirmado que el alcalde, José Enrique Fernández de Moya (PP), anunció "a bombo y platillo" que enviaría misivas "para explicar los motivos de la subida del recibo del agua". "Lo que no dijo es que se iba a aprovechar esta carta para hacer propaganda política, a través de una empresa privada y, de camino, aprovecharla para la captación de clientes para servicio de reparación en el hogar, mediante los propios ficheros con datos personales que dispone tanto el Ayuntamiento como la concesionaria, algo que está expresamente prohibido", ha agregado.

Según ha apuntado, Aqualia pedía a los usuarios su consentimiento para poder tratar y ceder a terceros sus datos personales", por lo que ha lamentado que una empresa privada "no sólo esté tratando los datos que dispone de sus clientes a través de sus propios ficheros sino que, además, pretende controlar, mercadear, utilizar y ceder información que figura en registros públicos del Ayuntamiento, que es el titular de dichos ficheros, asumiendo competencias que en absoluto le corresponden" y ello sin pasar por ningún órgano municipal competente.

Ha recordado, igualmente, que se daba un plazo de 45 días para comunicar por teléfono o correo electrónico la "expresa negativa", de modo que si no se hacía en ese periodo "ese silencio positivo se convierte automáticamente como consentimiento tácito del cliente". En su opinión, es una "barbaridad", ya que la normativa exige "la manifestación de voluntad del cliente de forma expresa e indubitable".

UCE pide sanciones

Por ello, UCE-Jaén ha solicitado por escrito a la Agencia Española de Protección de Datos que se incoen las actuaciones que en derecho correspondan y se apliquen las sanciones correspondientes, pudiendo llegar desde los 900 euros por falta leve hasta los 600.000 euros en el caso de ser "muy grave".

"Quizás éste sea el motivo por el que se ha suspendido el envío masivo de las 60.000 cartas que estaban previstas enviar a los domicilios particulares antes de septiembre y de la recepción de la próxima factura del agua con la subida aprobada por el equipo de gobierno en el último pleno municipal", ha concluido.