'EDU' vuelve al banquillo

Un agente de la Policía Nacional lleva diligencias al juzgado en una imagen de archivo. /Juan Esteban Poveda
Un agente de la Policía Nacional lleva diligencias al juzgado en una imagen de archivo. / Juan Esteban Poveda

Piden dos años y seis meses para dos empresarios por estafa y apropiación | Hay todavía en distintos juzgados una decena de procedimientos aún vivos derivados de la macro operación policial de 2015

Juan Esteban Poveda
JUAN ESTEBAN POVEDAJAÉN

R.C.B. y J.N.Z. serán juzgados la próxima semana en la Audiencia de Jaén por los delitos de apropiación indebida y estafa del que los acusa el Fiscal, que les pide a cada uno una pena de dos años y medio de cárcel. Su caso es uno de los juicios derivados de la 'Operación EDU' contra el fraude en las subvenciones de la Junta para formar parados. A ambos se les acusa de inflar e inventar facturas para justificar los 93.004 euros que recibieron para hacer un curso de peluquería para parados.

Según el Ministerio Público, la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo concedió a la comunidad de bienes regentada por los acusados una subvención para impartir un curso de peluquería. En principio les concedieron más de 105.000 euros, aunque finalmente la cantidad quedó en 93.004.

El curso se impartió en un local propiedad de los acusados, pero le reclamaron al SAE el gasto del alquiler del local, 990 euros mensuales, aunque en realidad ellos no habían hecho desembolso alguno. El curso debía impartirse de febrero a noviembre de 2011, pero ellos reclamaron incluso el alquiler de enero, cuando no había curso.

Siempre según la acusación, también emitieron facturas que no se corresponden con un gasto real, como el alquiler de 15 ordenadores que no se usaron en el curso ni estaban a disposición de los alumnos, y también facturas por reparación de mobiliario o fontanería que no constan como realizados. Las cantidades en cuestión no han sido reintegradas a las arcas públicas.

Desde 2015

A principios de marzo de 2015 la Policía abrió la Operación EDU-Centro, con detenciones en Jaén, Granada y Córdoba. Había sospechas sobre 25 centros de formación. Al mismo tiempo, la Policía trabajaba en Granada y Córdoba. Se esperaban 103 nuevas detenciones y 11 imputaciones en esta fase, de las que más de cuarenta correspondían a Jaén. Había 8,5 millones en subvenciones bajo sospecha.

En Jaén la Policía detectó que los cursos se habían dado realmente. Pero había irregularidades en buena parte de las subvenciones investigadas.

La Policía continuó en junio de 2015 con la operación arrestando e imputando a quince cargos políticos y técnicos de la Junta.

Hasta noviembre de 2015 no declararon los empresarios detenidos en marzo. En junio de 2016 se citó a declarar a técnicos y responsables de la Junta de Andalucía, y la jueza decidió archivar la parte que les afectaba.

Luego archivó las actuaciones sobre once empresas más. Quedaron catorce casos investigados. Instrucción 4 de Jaén disgregó la causa enviando lo que afectaba a cada una de estas empresas a sus respectivos partidos judiciales, en procedimientos independientes.

El pasado mes de octubre ya se sentó en el banquillo de acusados de la Audiencia de Jaén Ildefonso E.G., acusado de apropiación indebida por el que le piden dos años de cárcel. Fue absuelto con todos los pronunciamientos favorables.

Hay otro caso pendiente de juicio en el que Fiscalía también reclama dos años de cárcel. Juzgados de Jaén y Martos archivaron los procedimientos contra dos empresarias de Jaén y contra el marido de la exalcaldesa de Martos. En Linares fue archivada otra de las piezas.

Queda pues otra media docena de procedimientos más aún vivos distribuidos por distintos juzgados.

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