Vender carne humana provoca poca pena

La última condena dictada por los tribunales jienenses afecta a diez personas, marroquíes y argelinos afincados en España que según la Audiencia «ayudaban» a compatriotas a conseguir papeles para quedarse legalmente en España con un truco: se hacían pasar por descendientes de antiguos habitantes de la colonia española del Sahara.

Inicialmente la Fiscalía pedía penas de seis años y medio de cárcel para cada acusado. Sin embargo, a la hora del juicio, celebrado el pasado mes de noviembre, se encontró con que los testigos -las personas supuestamente explotadas, que dijeron a la Policía haber pagado entre 2.500 y 7.000 euros a los acusados- habían desaparecido. Y sin ellos la causa difícilmente se sostenía. Así que al final los acusados se declararon culpables a cambio de que les dejaran el castigo en la pena mínima recogida en el Código Penal por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

A mediados de septiembre pasado siete personas fueron condenadas a multas de 450 por vender contratos a inmigrantes chinos. Todos menos uno admitieron que a cambio de dinero firmaron los contratos de trabajo que mostraban a su llegada a España inmigrantes chinos, «cuando en realidad los acusados no eran empresarios ni tenían en la mayoría de los casos locales adecuados para realizar la actividad laboral contratada, que en muchos supuestos no llegaba ni a iniciarse».

Trababajan en contacto con un ciudadano chino, Baimin X.Y., que «se encargaba de contratar de forma real o ficticia con empresas reales o ficticias, creadas para dicho fin, a ciudadanos chinos a cambio de precio con la intención de facilitarles la obtención del permiso de residencia y la documentación oportuna para su estancia definitiva en España».

Baimin fue condenado en marzo de 2016 a dos años de cárcel junto a un colaborador español. La Justicia los consideró a ambos cabecillas de una organización criminal que introducía ilegalmente ciudadanos chinos en España, y llegó a atribuirles el rol de «miembros temporales» de una mafia china. Cobraban hasta 10.000 euros, según las pesquissa que hizo la Policía Nacional, a cada uno de los chinos a los que facilitaban la entrada legal en España.

Junto a ellos fueron condenados otros cuatro españoles que se prestaban a firmar contratos falsos a cambio de dinero.

Otra de las vías clásicas para introducir ilegalmente a ciudadanos extranjeros en España son los 'matrimonios blancos'. Actualmente los tribunales están intentando juzgar a cinco personas de origen nigeriano por amañar bodas de conveniencia con vecinos de Ibros y otras localidades de Jaén. Les piden dos años y ocho meses de cárcel. No hay cargos para los 'consortes' españoles, pues no se ha probado que ellos falsificasen documentos o se lucrasen con la operación. La celebración del juicio es incierta, pues ya hubo una suspensión semanas atrás al no presentarse ante el tribunal la mayor parte de los investigados.

Hay que remontarse hasta 2015 para encontrar una sentencia judicial con condenas por bodas de conveniencia. La dictó un juzgado de lo Penal y le impuso seis meses de cárcel a una mujer española y un hombre nigeriano por falsificar los papeles de una parroquia de Bailén para inscribir en el Registro Civil un matrimonio. La misma pena se le impuso en 2013 a dos hombres nigerianos y a dos mujeres españolas por 'fabricar' papeles e inscribir en el registro una boda que nunca se había celebrado.

¿Cuanto se puede llegar a pagar por uno de estas bodas blancas? La Policía Nacional detectó casos en los que los interesados habían desembolsado hasta 18.000 euros. Fue en el transcurso de una operación en la que se detuvo a tres personas que supuestamente se dedicaban a gestionar bodas a cambio de papeles para ciudadanos de origen pakistaní en Linares. Captaban a las 'novias' en la estación de autobuses de la ciudad, entre personas en estado de necesidad. Al parecer, las «amenazaban y ofrecían entre 150 y 800 euros para contraer matrimonio de conveniencia con extranjeros con el fin de regularizar la situación de éstos en el país».

Otro de los puntos calientes cuando se habla de derechos de los extranjeros está en los clubs de alterne. Algunos estudios previos a la crisis económica indicaban que el 85% de las chicas que se prostituyen son foráneas. A día de hoy la protección de sus derechos no es una cuestión penal.

Durante años las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado organizaron redadas para combatir la inmigración ilegal en los clubs. Al final, las únicas infractoras eran las chicas sin papeles. En las fuerzas y cuerpos de seguridad indican ahora que prácticamente todas están en España en situación regular. Se intentó entonces orientar el asunto hacia la protección de sus derechos como trabajadoras. La Policía empezó a ir a los clubs junto a inspectores de Trabajo. Los dueños de los clubs convirtieron sus negocios en hoteles donde sobre el papel hay chicas que van y toman copas y alquilan habitaciones a las que entran con quien ellas quieren. Así que no hay delito alguno que investigar.

Hace ya más de una década que no hay condenas a proxenetas en Jaén. En 2006 fueron condenadas seis personas que admitieron que explotaron sexualmente a una chica de 15 años en un club de Alcalá la Real. A cinco se les impusieron dos años y a otro un año.

Más dura fue la condena en 2001 para dos hombres, responsables de un club en Mengíbar. Les cayeron siete años y medio. Tres chicas los habían denunciado. Cuando el caso salió a la luz en 1999 fue un escándalo a nivel nacional, ya que incluso había perros para vigilar a las mujeres .

Esta dura condena es prácticamente una excepción en este siglo en Jaén, donde el negocio de traficar con seres humanos provoca ponas penas, judicialmente hablando.