El Tribunal Constitucional concede a la Junta la competencia de inspecionar el sector del aceite

Planta de envasado de aceite de oliva.
Planta de envasado de aceite de oliva. / IDEAL

Dos sentencias recientes retiran esta potestad a la Agencia de Información y Control Alimentaria y se la atribuyen a las comunidades autónomas

J. A. BRAVOMadrid

«Un mínimo estándar normativo común o equivalente aplicable por las comunidades autónomas». Eso es lo que, a juicio del Tribunal Constitucional (TC), debería existir dentro del mercado interior español para protegerlo y, a la vez, no menoscabar las competencias que la Carta Magna reconoce a las distintas administraciones. Por eso, en dos sentencias con apenas un margen de un mes (25 de mayo y 23 de junio), el órgano que ejerce como máximo intérprete del texto constitucional ha redibujado las fronteras de ese mercado único en el que, subraya, «todos los factores están fuertemente interrelacionados». No lo ha revolucionado, aunque sí ha abierto nuevos ámbitos de actuación para cada territorio.

Así, por ejemplo, la capacidad de vigilar posibles incumplimientos y recibir denuncias en casos tan polémicos como los de las ventas a pérdidas (por debajo del coste de producción) deja de ser exclusiva del Estado. Así lo ha resuelto al anular varios puntos de la Ley 12/2013 de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria.

Para tranquilizar a empresas y consumidores, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha aclarado que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre sus atribuciones ha «anulado», básicamente, una. En concreto las inspecciones en el sector del aceite, que debe ceder a las comunidades como ya ocurría en la leche y el vino.

De esta forma, cada autonomía podrá «establecer y desarrollar el régimen de control necesario para comprobar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los operadores» de dichos sectores. Y su resultado, apunta, debería permitir «asegurar la veracidad e integridad de los datos que se incorporan a los sistema de información de mercados».

Por lo tanto, la AICA ya no podrá trasladar a las autoridades regionales los «presuntos incumplimientos» que pudiera detectar, sino que éstas actuarán por libre aunque dentro de los parámetros de la Ley que regula la cadena alimentaria. La Agencia, no obstante, ya venía coordinándose con ellas en la vigilancia de los sectores vitivinícola y lácteo.

Este organismo, dependiente del Ministerio de Agricultura, subraya en cualquier caso que tanto sus sanciones impuestas hasta ahora como los expedientes en tramitación «no se ven afectados por la sentencia» y siguen vigentes. El motivo, explica, es que con ellos ha ejercido solo la potestad estatal.

Desde su creación en 2014, la AICA ha dictado 686 multas por valor de 8,2 millones de euros. Casi la mitad han sido a la industria alimentaria; en especial, al sector lácteo (63%), seguido de frutas y hortalizas. La principal razón, morosidad en los pagos.

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