La subdelegada se arremanga en los Puentes: «Lo que es del río es del río»

La subdelegada del Gobierno y el ingeniero jefe de la CHG visitaron ayer la oficina técnica para asesorar a los residentes de los Puentes. /IDEAL
La subdelegada del Gobierno y el ingeniero jefe de la CHG visitaron ayer la oficina técnica para asesorar a los residentes de los Puentes. / IDEAL

La Confederación Hidrográfica abre una oficina para que los residentes conozcan si su vivienda se puede legalizar y cómo Francisca Molina afirma que hay edificaciones que no se pueden regularizar, que hay una legislación y que «es el momento» de actuar y no aplazarlo más tiempo

JOSÉ M. LIÉBANAJAÉN

Pie en pared. La ley es dura, pero es la ley ('dura lex, sed lex'). La subdelegada del Gobierno en Jaén, Francisca Molina, lo tiene claro y confirma que son 111 las construcciones, en su mayoría viviendas, las que no podrán legalizarse bajo ningún concepto en las zonas residenciales de Jaén conocidas como los Puentes y que sufren inundaciones periódicas. Y es que esas viviendas están dentro del dominio público hidráulico. «Lo que es del río es del río y, además, eso ni se puede cambiar ni se puede alterar ni modificar, porque ahí está la legislación y contra eso no podemos luchar», afirma la subdelegada.

La cifra no es nueva. Ya la ofreció la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en octubre de 2016, dos años después de que se presentara, con gran despliegue y en el salón principal de la Subdelegación del Gobierno, los mapas de riesgo y peligrosidad de inundaciones que llevaba años elaborándose. Entonces se habló de mil viviendas por debajo de la línea de inundabilidad. Los residentes pusieron el grito en el cielo. El Ayuntamiento y la CHG calmaron los ánimos en una macro reunión en el Teatro Darymelia: muchas de esas viviendas podían legalizarse con el compromiso de sus propietarios de adoptar medidas de seguridad, que en los casos extremos pasaban por demoler parte menor de la edificación. Con ello, en 2016 se redujo la cifra a 111, sin posibilidad alguna de 'indulto' puesto que estas edificaciones están dentro del cauce, en lo que se denomina dominio público hidráulico.

No obstante, a los afectados les siguió pareciendo mucho y presionaron para rebajar esa cifra. La situación, como reconoce la subdelegada, «no es cómoda para nadie». De hecho, distintos responsables institucionales han alentado durante años la esperanza de reducir al mínimo las demoliciones. La propia Molina indicó en septiembre de 2017 que la cifra de viviendas afectadas se estaba «afinando».

El pasado fin de semana, el PSOE exigió al alcalde, Javier Márquez (PP), que diera explicaciones a los vecinos de Los Puentes ante el «retraso» en la presentación del mapa de riesgo, que impide iniciar el proceso de regularización de las viviendas que no tienen problemas . El gobierno municipal contestó que el alcalde «está permanentemente encima de la CHG para que cuanto antes se presente el mapa». Pero este lunes, la Subdelegación del Gobierno sorprendía a propios y extraños y contestaba que el Ayuntamiento ya puede legalizar las viviendas pues los mapas llevan varios años y de 111 no se puede bajar sin cometer una ilegalidad, puesto que esas construcciones «invaden la propiedad del río» y no se pueden legalizar, por lo que finalmente deben ser derribadas.

La subdelegada dice más. Que la situación de los Puentes «se ha dilatado ya mucho en el tiempo», hasta el punto de que han pasado varios gobiernos, municipales y nacionales, sin que hayan dado una solución. «Yo no le voy a reprochar nada a nadie, pero hemos considerado que es el momento de solventar una situación que ya se ha dilatado en el tiempo y que no es cómoda para nadie, especialmente para los propietarios», afirma Molina, quien no obstante tiende la mano a los propietarios.

Atención personal

Molina resalta en el lado positivo: las otras 1.800 construcciones que «están en zona de flujo preferente (del río) y que con algunas modificaciones son legalizables». Para ello, ayer visitó en la CHG la oficina técnica de información a disposición de los vecinos de estas zonas residenciales, para que sepan en qué situación están sus propiedades, los trámites que tienen que hacer o qué medidas adoptar para poder legalizarlas. Y dijo que han mantenido reuniones con los representantes vecinales y ahora lo harán de forma personaliza.

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