CC OO recurre la adjudicación del servicio municipal de limpieza de colegios públicos

El secretario general de CC OO en la provincia, Francisco Cantero, explicó que el recurso lo ha presentado por la «preocupación» generada tras considerar «desproporcionada» la adjudicación a esta empresa, cuya oferta era 250.000 euros por debajo del presupuesto inicialmente fijado por el Ayuntamiento y asegura que «sin duda traerá precariedad laboral a las 72 trabajadores y trabajadoras».

Además, apuntó a que esta adjudicación conllevará «una mala prestación de este servicio esencial», ya que el importe de coste de la prestación del servicio, 1.693.029 euros al año, «pone en riesgo la quiebra futura del mismo, al no poder cumplir con el pago de las tablas salariales recogida en el convenio colectivo de referencia».

Según dichas tablas, Comisiones Obreras cifra un coste de 1.580.255 euros al año, lo que supone «más del 93% del monto total de la adjudicación en salarios de la plantilla», indicó.

El pliego adjudicado afecta a las tareas de limpieza de los 21 colegios públicos de enseñanza infantil y primaria, así como a determinadas dependencias municipales del Ayuntamiento como la Estación de Autobuses, instalaciones deportivas, mercados municipales y las instalaciones que se mantienen en Las infantas.

Suspensión inmediata

El sindicato, en este recurso especial, pide al citado tribunal que baraje la posible anulación de la resolución y que se adopten así medidas provisionales para suspender tanto dicho documento como el procedimiento de adjudicación del contrato hasta la resolución del recurso, por ser «gravemente lesivos a los derechos laborales e intereses de los trabajadores y trabajadoras que trabajan en el sector», según apunta CC OO.

Cantero recordó que detrás de tantos datos y cifras están las personas encargadas de desempeñar el servicio, ya que «siempre que hay una bajada de costes tan desproporcionada repercute directamente, sí o sí, en los salarios y en las condiciones de trabajo, en especial a todo lo referente a temas de salud y seguridad en todo lo referente a la sobrecarga de trabajo». Al tiempo que señaló que «los datos económicos no pueden prevalecer ante los derechos y salud de la ciudadanía».