Los juicios rápidos cumplen 15 años y suponen un 25% del trabajo en los juzgados de lo Penal

Los juicios rápidos cumplen 15 años y suponen un 25% del trabajo en los juzgados de lo Penal

La fiscalía aboga por ampliar el abanico de delitos que tienen cabida en este sistema, que se implantó en 2003 para agilizar la Justicia

YENALIA HUERTASJAÉN

El año que viene se cumplirán quince años desde que la Justicia pulsó el botón para poner en marcha un novedoso -por aquel entonces- sistema que permitía a los jueces pisar el acelerador a la hora de enjuiciar determinados delitos, de modo que el ciudadano pudiera incluso llevarse la sentencia 'puesta' el mismo día en que había pasado a disposición judicial. Eran los denominados juicios rápidos, que hoy, casi tres lustros después, siguen en funcionamiento y acaparan alrededor de un 25% de los asuntos en los juzgados de lo Penal de Andalucía.

Fue el 28 de abril de 2003 cuando entró en funcionamiento oficialmente la maquinaria de los denominados juicios rápidos. Su implantación en los juzgados de Jaén, al igual que en el resto del país, permitió agilizar los procesos en determinados delitos flagrantes, de instrucción fácil y sencilla, siempre que su castigo no excediese de cinco años.

La nueva normativa venía a reforzar las funciones atribuidas a la Policía Judicial para realizar un atestado «lo más completo posible», como recogía una guía elaborada entonces por la Administración de Justicia. Además, se impulsaba una investigación «concentrada en el juzgado de guardia», que favorecía el dictado de sentencias de conformidad ante dicho órgano, con la consiguiente rebaja que asumir los hechos y la culpa conlleva (un tercio de la pena). En caso de que no hubiera conformidad, el caso acabaría en un juicio ante un juez de lo Penal en un plazo de 15 días.

El engranaje del nuevo sistema se diseñó mediante una ley que reformó en 2002 parcialmente otra: la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). La nueva normativa venía a regular «el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas». A lo largo de estos años, ha habido cambios legislativos que han provocado, por ejemplo, la desaparición de las faltas -se despenalizaron en 2015- y la irrupción de los delitos leves, que han ocupado en cierto modo el lugar de aquellas y que ahora suelen ser igualmente ilícitos de tramitación rápida.

Qué delitos abundan

Los delitos que suelen acabar en juicios rápidos o tramitados como diligencias urgentes son, por ejemplo, las lesiones, las amenazas, las coacciones, los hurtos, los robos, conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas, conducir sin permiso de conducción o sin los puntos del carné y negarse a realizar la prueba de alcoholemia.

El dato de que estos juicios acaparan un 25% de los asuntos que llegan a manos de los jueces de lo Penal emana de las memorias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desde 2004 hasta 2016, la última hecha pública. Estos balances, consultados por IDEAL, arrojan porcentajes similares año tras año: 2004 (18%), 2005 (22%), 2006 (23%), 2007 (23%), 2008 (29%), 2009 (31%), 2010 (29%), 2011 (30%), 2012 (27%), 2013 (25%), 2014 (25%), 2015 (25%) y 2016 (23%).

Se necesitaban medios materiales y nuevas salas de vistas, pero sobre todo «una planificación importante», pues a su vez «entraban también las guardias de 24 horas y las de juicios rápidos». No fue nada fácil, ya que hubo que modificar las normas de reparto y establecer turnos de guardia.

Ese primer día todo fue sobre ruedas, si bien el sistema luego ha ido funcionando con «una absoluta falta de medios». Como media, en cada juzgado puede haber «entre 150 y 200 diligencias urgentes por delito en un año». Luego estarían los delitos leves, que serían «bastantes más». En concreto, la última memoria del TSJA recoge que, por materias, el 78% de los asuntos que se ingresaron en los juzgados de Instrucción andaluces fueron diligencias previas -que son las investigaciones largas por delito-, mientras que el 12% fueron juicios de delitos leves -ilícitos equiparables a las antiguas faltas-, el 6% procedimientos abreviados y el 4% diligencias urgentes. Además ha absorbido el gran impacto que produjo la reforma del año 2007 en materia de seguridad vial, puesto que en juicios rápidos el 40% de los delitos eran en materia de seguridad vial. Si no hubiera existido esa ley, probablemente se hubiera colapsado la Administración de Justicia mucho más de lo que entonces estaba. Hay quienes defienden que se podría abrir el abanico ampliando la pena, incluyendo, por tanto, «delitos un poco más graves, con penas superiores», como pueden ser los robos con violencia. ¿El objetivo? «Poder llegar a las conformidades, que es el efecto bueno y positivo de los juicios rápidos».

Uno de cada tres, de tráfico

Un tercio de los delitos que acaban en juicio rápido actualmente están relacionados con la seguridad del tráfico. El resto suelen ser robos y pequeños hurtos, y a veces algún delito contra la salud pública cuando es muy evidente, «como puede ser una plantación de marihuana y no es necesario hacer análisis de la sustancia aprehendida». También está la violencia de género, con «muchas conformidades».

Pero no todo es de color de rosa en el día a día de los juicios rápidos. Existen ciertos problemas que afectan a los procesos, porque las tasaciones no llegan o por dificultades para localizar a las compañías de seguros.

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