«Que sean inimputables no es que se vayan de rositas, harán un programa de educación sexual»

Aula vacía en una imagen de archivo./IDEAL
Aula vacía en una imagen de archivo. / IDEAL

Fiscalía archiva las diligencias por la presunta violación de un niño en un colegio, lo que deja en manos de la Junta la solución

J. E. POVEDA Y AGENCIASJAÉN

La Guardia Civil acabó hace días su trabajo en torno a la violación de un niño de nueve años detectada en las urgencias del Hospital de Úbeda. La Fiscalía también, ya que ayer se confirmó el archivo del expediente. Los cuatro menores implicados, todos con edades por debajo de los 14 años, no tienen responsabilidad penal por su edad. Ni la Justicia ni las fuerzas de seguridad pueden actuar ni tienen competencias en este asunto, insistieron ayer en ambos organismos. «Que sean menores inimputables no quiere decir que los agresores se vayan de rositas. Cuando haya certeza de quienes son los autores tienen que entrar en un programa de reeducación de abusos sexuales y hay que establecer si las familias deben entrar también. Hacerlos entrar en el Código Penal los convertiría en carne de cárcel», explicó ayer el Defensor del Menor en Andalucía, Jesús Maeztu. Todas las fuentes consultadas indican que ahora la pelota está en tejado de los servicios de protección de menores y de las autoridades educativas, empezando por el centro escolar donde ocurrieron los hechos. Y ambos organismos dependen de la Junta de Andalucía.

Como medida cautelar se ha expulsado del centro a los cuatro agresores señalados por la víctima. Cuando concluya la investigación administrativa se tomarán medidas definitivas. La víctima no está asistiendo a clase y se le ha ofrecido ayuda a la familia para superar el trance.

El pueblo, en la comarca jienense de Cazorla, se recupera la conmoción inicial. La sorpresa fue mayúscula, ya que ninguno de los niños implicados ni sus familias están considerados conflictivos en el pueblo, de apenas 1.450 habitantes. Entre las familias de los agresores y las de la víctima -llegada al pueblo hace unos años sin lazos de parentesco con otros vecinos- no se han producido tensiones.

Responsabilidad

Tanto la Junta como el Defensor del Pueblo y del Menor hicieron ayer un llamamiento a la prudencia y responsabilidad de los medios de comunicación ante la «presión mediática desproporcionada» que se está produciendo a las puertas del domicilio de la familia afectada, según palabras de la presidenta Susana Díaz.

«Entiendo que hay que informar y es importante que haya transparencia, pero depende de cómo se trate una noticia el impacto sobre la familia será uno u otro, y hoy esta familia se siente mal», dijo Díaz.

Maeztu, por su parte, rechazó endurecer la ley del Menor para casos como este y abogó por un programa de reeducación para evitar los abusos sexuales. Dijo que se tiene que aclarar por qué no se detectó el problema. En cuanto al papel de los medios de comunicación, Maeztu pidió un comportamiento responsable y esgrimió que las instituciones que investigan el caso «necesitan un espacio de silencio».

En esa misma línea la consejera de Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, destacó la importancia de que el menor y su entorno recuperen la normalidad, que el niño pueda volver a clase y que «no sienta que, además de la violencia sexual», sufre la presión social.

¿Qué falló?

La pregunta que lanzó el Defensor del Menor se están la haciendo desde asociaciones contra el acoso escolar y colectivos de padres es cómo ha podido ocurrir lo que parece un caso de acoso escolar continuado que ha acabado con una violación en un centro escolar de apenas 150 alumnos sin que nadie lo detectase.

«No es defendible que se pueda decir que en el recreo es imposible controlar al niño (...) Si yo dejo a mi hijo un determinado número de horas en un centro, ¿quién tiene la responsabilidad 'in vigilando'?», lamentó Rafael Romero, director del Instituto Andaluz para la Prevención del Acoso Escolar (Iapae), una asociación privada que se desempeña como mediadora y trabaja con familias y menores víctimas de 'bullying' en la comunidad autónoma andaluza.

En opinión de Romero, «lo normal es que esta mañana (por ayer) no hubiera habido clases en el centro porque las AMPA hubiesen pedido explicaciones a la directiva, y tomarse por lo menos un día de reflexión y ver qué podemos hacer para que no vuelva a ocurrir». En lugar de ello, «todo se calla y se tapa (...) Volverá a pasar. A lo mejor no a estos extremos, pero la violencia en los centros está permitida, no se trata a los niños como personas sino como seres que se tienen que buscar la vida, no somos responsables con ellos. El proceso acabará sin que haya responsabilidad ni de la administración ni del centro», lamentó.

Romero insistió en que los hechos han ocurrido dentro de un centro educativo en horario lectivo -en el recreo-, así como que «no ha sido cosa de un día, sino que se han producido de forma reiterada».

Este experto dijo sentirse sorprendido por el hecho de que se pueda defender que la culpa es de la educación de los niños y de que hay que cambiar la Ley del Menor. Independientemente de la necesidad de cambios normativos. Él aboga por que los padres sean subsidiariamente imputables.

Para Save The Children, atajar el problema pasa por una Ley integral. Ayer la entidad denunció la «falta de medidas de prevención y detección de la violencia que se ejerce hacia los niños y que pueden llegar a provocar situaciones tan grave. Es totalmente inadmisible que un niño de nueve años esté siendo violado y no existan mecanismos que permitan prevenir y detectar estos abusos ni en el entorno escolar ni en el familiar. El Estado está fallando a estos niños, dejándoles desprotegidos ante agresiones que pueden provocarles daños físicos y psicológicos irreparables», afirmó el director general de Save the Children, Andrés Conde.

Agresiones sexuales

Para el doctor en Psicología y director de programas de la Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros, la supuesta violación grupal del alumno de Jaén no es un caso aislado y advirtió de que cada vez son más frecuentes este tipo de agresiones, según las llamadas atendidas en el Teléfono de Ayuda al Niño y Adolescente de esta organización (900202010) y el en el chat habilitado en su web (www.anar.org).

En declaraciones a Europa Press, Ballesteros subrayó que los sucesos de agresiones sexuales cometidas por otros menores, como ha ocurrido en este caso, son cada vez «más escabrosos, crueles y violentos». Además, destacó que no se trata de un acosador con una psicopatía, sino de grupos de menores que no perciben la gravedad de los hechos ni sienten empatía con la víctima.

«¿Qué está pasando? ¿Por qué los otros compañeros no se rebelan?», se preguntó Ballesteros, que ve en la falta de límites en acceso a Internet por parte de los menores como una de las principales causas de este problema. A su juicio, existe una «sexualización precoz» y un exceso en el consumo de pornografía a través de los móviles, que hace que los menores y adolescentes «normalicen comportamientos degradantes cuando no lo son».

Nuevas tecnologías y porno

El psicólogo educativo José Antonio Luengo, que es miembro del equipo para la prevención del acoso escolar de la Comunidad de Madrid, también advirtió del peligro que tienen las nuevas tecnologías y la pornografía para los menores, lamentando «la facilidad pasmosa» con la que los niños pueden acceder a ese tipo de contenidos que les «influyen en cómo interpretar la relación con el otro. La virulencia con la que se puede hacer daño es muy grande por las tecnologías. Son gasolina», según este psicólogo especializado en el comportamiento de los adolescentes.

Luengo cree que es bastante «improbable» que menores de 12 o 14 años tengan comportamientos de acoso y abuso sexual «sin haber sido testigo a través de películas o vídeos en internet».

Una reflexión similar es la que hizo el juez de Menores de Granada Emilio Calatayud, quien apostó por una mayor educación y autoridad. Conocido por sus sentencias ejemplarizantes, pidió además que no se hagan «espectáculos» y quiso dejar claro que se trata de un hecho «muy poco habitual» y que los colegios son seguros. «Cuando hay niños de 12 años que sólo están pensando en el sexo y en violar en lugar de jugar a policías y ladrones es que nos hemos equivocado en todo». Recordó que hay muchos menores que han visto pornografía, que está «a un clic de sus teléfonos inteligentes» en una sociedad del «todo vale».

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