El exconcejal de Mantenimiento, también investigado en el 'caso Matinsreg'

Con ello son ya nueve las personas investigadas por el juez. Entre las cuatro primeras figuró el anterior alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, que ya declaró a primeros de este mes junto a resto, a lo que después se sumaron otras tres del entramado de empresas de Matinsreg, entre ellas José Merino. Las dos nuevas tendrán que presentar declaración en el juzgado los días 25 y 26 de junio, según han informado fuentes del caso.

Los hechos, según el auto judicial, pueden constituir delitos de prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil, malversación continuada de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias.

En las pruebas testificales que figuran en dicho informe aparece que el exconcejal estuvo en las primeras reuniones en las que se contrató a Matinsreg. Un empleado municipal testificó que tras la marcha de Imesapi como empresa encargada del mantenimiento del alumbrado público, semáforos y fuentes de la capital jienense, se produjo una desatención de dichos servicios, de la que informó al concejal entonces responsable del área, sobre todo en caso de que se produjeran averías. Y además, este técnico recomendó contratar a empresas ya existentes de Jaén y provincia, a lo que el edil le contestó que pidiera presupuesto a varias de ellas.

Pero que transcurridos pocos días, dicho concejal y el entonces edil de Personal, Miguel Ángel García Anguita, le comunicaron que la empresa que se haría cargo de dichos servicios sería Matinsreg. A lo que el técnico indicó, siempre según su declaración a la Guardia Civil, que no se podía encargar a esta empresa todos los servicios, «dado que era una empresa de fuera y carecía de referencias favorables», pues hizo una comprobación empresarial y detectó que había «un entramado de empresas vinculadas a Matinsreg y esto le pareció extraño y poco fiable».

El caso que no para de crecer con la citación de nuevas personas investigadas. En el origen está el «sobrecoste de considerable gravedad» pagado por el mantenimiento de las fuentes entre 2012 y 2013, que generó un supuesto «quebranto patrimonial para el Ayuntamiento superior a 3.600.000 euros», según figura en el auto judicial, a resultas del informe que elaboró la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.