Empleados de la Cámara aseguran que no hay normativa para extinguir la entidad

Instan a la Junta de Andalucía para que, «de forma inmediata», se pronuncie y diga qué va a suceder con los trabajadores»

IDEALJaén

La plantilla de trabajadores de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén recordó ayer a la Junta de Andalucía que «ni la legislación nacional ni la legislación andaluza de cámaras de Comercio establece un procedimiento, específico y pormenorizado, destinado a liquidar y extinguir» este tipo de corporaciones.

Es la respuesta de la plantilla tras el comunicado emitido por la Junta de Andalucía en el que se anunció el nombramiento de una comisión gestora que lleve a cabo la liquidación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén, con carácter previo a su extinción.

A través de un comunicado remitido por la abogada de la plantilla, Mercedes Ballesteros, señalaron que «ni siquiera el anteproyecto de Ley de Cámaras de Comercio, objeto de actual elaboración por parte del Gobierno andaluz, establece un procedimiento de liquidación y extinción de las cámaras de comercio en Andalucía».

Es por ello, según recordó la abogada, que los empleados de la Cámara de Comercio de Jaén presentaron alegaciones al anteproyecto y al día de la fecha, «no han sido objeto de resolución por parte de la Junta de Andalucía».

«Resulta difícilmente justificable que la Junta de Andalucía, como administración tutelante de la Cámara de Comercio de Jaén y actual órgano de gobierno de esta corporación de derecho público, comunique la liquidación y extinción de la entidad cameral aún sabiendo que no existe un procedimiento de liquidación y extinción legalmente previsto», señala el comunicado de la plantilla.

Añade que los empleados de la Cámara de Comercio de Jaén están manteniendo reuniones con todos los grupos políticos con representación en el Parlamento andaluz para poner en su conocimiento las alegaciones presentadas al anteproyecto de Ley de Cámaras andaluzas y exponerles la imposibilidad de que la Junta de Andalucía pueda proceder a la liquidación y extinción.

La plantilla también se ha reunido recientemente con el Defensor del Pueblo Andaluz al que han pedido «su inmediata intervención para que adopte, cuantas medidas resulten necesarias, tendentes a poner fin a la situación de abandono, desamparo y vulneración de derechos fundamentales que vienen sufriendo, desde hace un año, por parte de la Administración tutelante».

Por último, instan a la Junta de Andalucía para que, «de forma inmediata», se pronuncie y diga qué va a suceder con los trabajadores».

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