La Audiencia prepara el juicio con más acusados de este siglo, 267 por estafa a la Seguridad Social

Edificio de la Audiencia Provincial de Jaén./IDEAL
Edificio de la Audiencia Provincial de Jaén. / IDEAL

Tras siete años de instrucción en un juzgado de Linares decenas de tomos están ya en la Audiencia para esclarecer un supuesto fraude de 2,2 millones de euros

J. E. P.JAÉN

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén prepara ya el que es, hasta el momento, el juicio con más acusados en el banquillo de este siglo en la provincia: 267. A todos ellos el fiscal les pide penas de cárcel por una estafa a la Seguridad Social de 2,29 millones de euros. Durante cuatro años, de 2007 a 2011, cinco de los acusados estuvieron supuestamente dando altas ficticias a través de varias empresas domiciliadas en Linares. Hubo quien sin trabajar ni un día, pero pagando a los 'empresarios', llegó a cobrar más de 12.000 euros, según los cálculos de la acusación. Ahora la Justicia les pide cuentas.

Si una conformidad masiva no facilita la resolución del caso, celebrar el juicio será complicado. Los acusados, los abogados y los miembros del tribunal difícilmente caben en la sala de vistas. La labor administrativa de notificaciones y preparativos será además ingente. Por el momento el trabajo en la Audiencia acaba de empezar, pues las actuaciones - en decenas de tomos- acaban de llegar desde el juzgado de Instrucción y Primera Instancia 3 de Linares después de siete años de instrucción en este órgano.

Según la acusación del fiscal, al menos desde el año 2007, los acusados, Amer A.H., (alias 'Ángel') y su padre Amjad H.N. (alias 'Enrique'), a través de dos sociedades mercantiles y una entidad con domicilio social en Linares, «crearon un entramado dirigido a permitir obtener de manera fraudulenta subsidio por desempleo de la Tesorería General de la Seguridad Social». Según el Ministerio Público, captaban a personas que les pagaban para acceder a la firma de contratos de trabajo falsos. Daban a estas personas de alta en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajadores por cuanta ajena de sus empresas, aunque realmente no desarrollaban actividad laboral alguna. Los contratos duraban lo mínimo imprescindible para permitir al trabajador, transcurrido el tiempo del contrato, obtener de manera fraudulenta subsidios por desempleo, «presentando ante las autoridades públicas encargadas de la gestión de los subsidios, certificados de empresa y contratos simulados en donde se hacía constar falsamente la realidad del contrato y del trabajo prestado por el solicitante de la percepción».

Un 'beneficiario' dijo en la Seguridad Social que pagaba 325 euros al mes para cobrar el paro

Según las investigaciones del Fiscal, 'Enrique' era presidente de una cooperativa y administrador de hecho en otra cooperativa y una entidad más. Una de sus sociedades estaba siendo investigada por «facilitar de forma fraudulenta la legalización de ciudadanos extranjeros».

Los roles

'Ángel', dice la acusación, era administrador de hecho de estas sociedades y firmaba «múltiples contratos y certificados de empresa ficticios». En la creación de tales estructuras societarias «contaron con la indispensable colaboración de la imputada L.M.M., cuya entidad contaba con en el mismo domicilio social que las empresas de 'Enrique' y 'Ángel', «firmando ésta diferentes certificados de empresa y contratos ficticios, a las órdenes de los otros dos a los que se considera «organizadores y ejecutores de las actividades delictivas desarrollada por la estructura empresarial».

Los cabecillas contaban con dos personas más que según el Fiscal «colaboraron en la creación de la estructura empresarial y firmando certificados de empresa presentados ante la Tesorería General de la Seguridad Social.

La trama se descubrió el 7 de febrero de 2011, cuando uno de los acusados de ser falsos trabajadores, R.H.H., compareció ante la Oficina de prestaciones del Ministerio de Trabajo e Inmigración, aportando distintos contratos y certificados de empresa para que le diesen el subsidio máximo de 21 meses. Tras ser informado por los funcionarios de tal servicio que no tenía derecho a ello dada la configuración de los contratos, manifestó que «el dueño se lo había arreglado para cobrar el subsidio» y que «por eso pago 325 euros todos los meses», no entregando documentación alguna pues según dijo «se lo tenían que arreglar».

Días después se personó ante dicha oficina, con otros certificados de empresa distintos a los anteriormente exhibidos, «en los que mendazmente se refería que su jornada laboral era la mínima necesaria para obtener el susodicho subsidio». Ante la posibilidad de que hubiera fraude se abrió una investigación que acaba con 267 personas en el banquillo. A los cinco principales acusados se les piden cuatro años de cárcel. A los 262 restantes, dos años. A todos se les reclaman lo cobrado indebidamente.

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