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Juan Esteban Poveda
Lunes, 27 de marzo 2017, 04:06
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Arqueólogos y expertos van a pedir a la Junta de Andalucía que declare Bien de Interés Cultural el yacimiento arqueológico de Cerro Maquiz, en Mengíbar. La antigua ciudad romana de Iliturgi. O más bien lo que queda de ella. Los servicios jurídicos de la Universidad de Jaén han denunciado ante la Justicia que unas obras para implantar regadíos en el olivar que hay sobre los restos arqueológicos han provocado importantes destrozos, que pueden llegar hasta el 15% del recinto amurallado. Pérdidas irreparables para la ciencia. Un ejemplo más de lo frágiles que son las figuras de protección, de la falta de medidas efectivas que salvaguarden auténticos tesoros de la Historia que bien explotados causarían admiración internacional, harían avanzar la ciencia y podrían generar riqueza y empleo.
La provincia de Jaén tiene 2.400 yacimientos arqueológicos inventariados por la Junta de Andalucía. En Andalucía sólo Córdoba y Granada la superan. La inmensa mayoría son de titularidad privada. Sólo 6 están ahora mismo en manos de la Junta de Andalucía.
El yacimiento mejor protegido -puede que también sea el que ha sido expoliado más concienzudamente durante décadas- es el de Cástulo en Linares. Desde que se decidió apostar firmemente por él su situación ha cambiado radicalmente: en años se ha dejado atrás el abandono (se sembraba el suelo con chapas de refresco para volver locos a los piteros como única defensa no hace tanto) y ahora hay valla, vigilancia y excavaciones constantes con hallazgos de nivel internacional. Y con más de 50.000 visitantes al año se ha convertido en motor del turismo y orgullo local.
Puente Tablas
En Jaén, el yacimiento de Plaza de Armas en Puente Tablas también está dando importantes pasos. Llego a estar amenazado no solo por expoliadores, sino por chalés ilegales que lo cercaron por completo. Ahora es terreno para la ciencia y comienza a recibir visitas.
El resto de yacimientos, en la práctica, está desprotegido frente a expoliadores o daños por otros motivos. La mayoría tienen protección teórica bajo alguna figura jurídica (Bien de Interés Cultural en algunos casos, inscripciones en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz en la mayoría).
En los últimos años se han sucedido noticias sobre expolios -como el del yacimiento del Giribaile- y daños a yacimientos. Las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado han actuado en la medida de sus posibilidades, aunque realmente hay más fracasos que éxitos. Entre las intervenciones que prometían mucho y que finalmente quedaron en nada destaca la Operación Mosaico-Carolina, que en 2010 movilizó a Policía y Guardia Civil, que se publicitó como uno de los mayores operativos contra los expoliadores: se archivaron las diligencias y se devolvieron miles y miles y miles de piezas intervenidas a sus dueños.
«A pesar del rico patrimonio histórico y cultural de la provincia de Jaén, el número de diligencias judiciales sobre patrimonio histórico es muy limitado», suele comentar la sección de la Fiscalía especializada en Patrimonio en sus informes anuales.
Hay pocas condenas firmes. En los últimos años apenas si constan un puñado de sentencias condenatorias por expolio o daños en yacimientos. Varias de ellas guardan relación con el saqueo de restos mineros de Linares, acosados por chatarreros que buscan metales para vender al peso.
Hay una a un empresario por llevarse unos restos en un yacimiento a la espalda de Cuétara en Jaén. Otra más reciente a cuatro «expertos piteros» a los que se acusaba de saquear con detectores de metales yacimientos de la zona de Villatorres.
Similar a Maquiz
Un tercer caso del que hay constancia planteó una situación similar a la de Cerro Maquiz y la ciudad romana de Iliturgi, aunque de menor entidad: en un cerro cerca de Úbeda las obras para una balsa de riego destrozaron unos restos romanos. Casi siete años después de los hechos, se sentó a un acusado en el banquillo. Admitió su culpa. Se le impuso una condena de prisión permutable por menos de 500 euros. La magistrada dejó pendiente de acuerdo entre las partes la valoración de los destrozos. Según la Junta, 2 millones de euros. El acusado decía que mucho menos. Está dispuesto hasta a ceder el terreno, pero no a pagar ni esa cantidad ni nada que se le parezca. Así que la Justicia ha llegado a un callejón sin salida, y se corre el riesgo de que arrasar un yacimiento catalogado y protegido salga por menos de 500 euros.
En Cerro Maquiz, tras los destrozos, los arqueólogos ya advertían que «los daños causados al conocimiento y al patrimonio son incalculables. Valorar el coste de una intervención que documente lo afectado y restituya y consolide los restos es la mínima responsabilidad exigible». Y pedían la declaración de Bien de Interés Cultural ante lo que consideraban «los daños patrimoniales más claros, contundentes y destructivos de las últimas décadas en la provincia de Jaén».
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