La Junta prevé inspeccionar cada una de sus viviendas y acabar con los posibles fraudes

La pasada noche de Reyes, en una de las conocidas como 'torres' de Arrayanes se iniciaba un fuego, que obligaba a desalojar a 140 vecinos del bloque. Por suerte no hubo daños personales, pero durante días, parte de esos vecinos se quedaban sin luz y sin agua. Esta situación puso el grito en el cielo, en una parte del vecindario, porque según aseguraron, todo se debió a un enganche ilegal a la luz en el piso incendiado. Esos enganches son un tema recurrente en este barrio y genera una lógica división entre los que pagan y los que no.

La Junta tiene intención de poner coto a todo esto en su parque de vivienda pública, como es el caso de Arrayanes. De hecho, asegura que ya lleva un año haciéndolo. Concretamente tiene en marcha un plan estratégico para la mejora de la gestión y el control de todas las viviendas de su propiedad en la provincia, sobre todo las que están en régimen de alquiler. Es decir, su intención es que los técnicos visiten cada una de las viviendas públicas y comprueben las irregularidades que puedan existir, sobre todo si el piso está habitado por una familia que no es la adjudicataria.

Según la Delegación provincial de Fomento y Vivienda son 6.779 las viviendas que conforman su parque público en la provincia, de las que 4.870 son en alquiler, y las restantes -1.909- en compraventa y acceso diferido a la propiedad. De momento, a lo largo de 2016, la Junta ha verificado un total de 3.914 viviendas, el 80,3% de las que conforman el parque en alquiler en Jaén.

El resultado de esos controles, hasta la fecha, ha sido que se han detectado 318 viviendas que estaban ocupadas por personas que no tenían el título de adjudicación, es decir, que lo habían hecho sin autorización de la Junta. Esto supone el 8,1 por ciento de las viviendas verificadas.

A cambio, desde la Delegación destacan que en dos años han sido adjudicadas 163 viviendas que previamente fueron recuperadas, bien por renuncia o fallecimiento de sus titulares, o bien como consecuencia de expedientes abiertos por no residir en ella sus adjudicatarios, o porque se hacía mal uso de ellas. «Esto quiere decir que cada mes de esta legislatura, nueve familias propuestas por los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda han visto atendida su solicitud de vivienda protegida en alquiler en la provincia de Jaén», asegura el delegado provincial de Fomento y Vivienda, Rafael Valdivielso.

«El esfuerzo que se está realizando para reforzar el control y verificación del parque de vivienda persigue varios objetivos: conocer quiénes residen realmente en esas viviendas, cuál es la situación de cada una de las familias, cómo conservan sus hogares o qué necesidades tienen, entre otras cuestiones. Pero sin duda una de las principales finalidades es regularizar la ocupación del parque residencial, ya que esas visitas permiten identificar viviendas no ocupadas por sus titulares o bien ocupadas por quienes no lo son legítimamente».

«Hacer Justicia»

Según Valdivielso, «el conocimiento de estas circunstancias facilita el inicio de procedimientos para regularizar la ocupación de las viviendas públicas en alquiler de la Junta y, de esta manera, se está haciendo justicia en la asignación de estos inmuebles, un bien público que debe estar al servicio y uso de quienes más los necesitan y evitar que se pueda acceder a una vivienda incumpliendo los procedimientos legales y los requisitos exigidos para ello».

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