«Una cosa son las estadísticas y otra, la dura realidad de una familia que se sienta ante ti»

Francisca Rodríguez Bustos lleva más de 20 años en una profesión que eligió por vocación «total y absoluta». Esta abogada, con despacho en el Bulevar, se postuló en 2012 para formar parte de un proyecto novedoso y necesario, una Oficina de Intermediación Hipotecaria, puesta en marcha entre el Colegio de Abogados y la Diputación Provincial para tratar de frenar el drama de los desahucios, al que tantas familias han tenido que enfrentarse, sobre todo desde que comenzó la crisis. Dice que lo hizo porque era un aliciente a nivel profesional, pero cuatro años después, reconoce que los mayores beneficios los ha recibido a nivel personal, en forma de un abrazo o de una sonrisa.

Asegura que este trabajo requiere de una «especial sensibilidad» para tratar con las familias y de constancia y optimismo para tratar con los bancos para «agotar todos los recursos» e intentar conseguir un acuerdo. «No hay que tirar nunca la toalla, aunque parezca que está todo perdido».

Después de tantos años ejerciendo, ¿cómo acabó coordinando esta oficina?

-Cuando se creó solicité mi inclusión como una herramienta más de formación. Fue una sorpresa que se pusieran en contacto conmigo para coordinarla, a la vista del currículum que yo había aportado, y lo acepté como un reto más.

La oficina no tiene sede específica, ¿cómo les localizan las familias que necesitan de su ayuda?

No tiene sede, pero sí presencia física. Cuando se creó, cada institución habilitó sus recursos propios para su funcionamiento. Las familias de Jaén capital pueden acudir directamente a la Diputación Provincial a exponer sus casos, y las de la provincia, a través de los trabajadores sociales, que a su vez mandan los expedientes a la Diputación, y esta los envía al Colegio de Abogados para que nos hagamos cargo.

¿Cuántas personas trabajan en este recurso?

Diez letrados, que están en función de los partidos judiciales para dar cobertura a toda la provincia.

¿Cuántos casos se han atendido?

Comenzamos a finales del año 2012, y en el año 2013 se tramitaron 395 expedientes; en 2014, 201; en 2015, 141 expedientes, y hasta el mes de noviembre de este año se habían tramitado 104.

Han ido descendiendo progresivamente. ¿Por qué?

La oficina se creó para evitar que las familias perdieran su vivienda porque estuvieran al borde del desahucio, o para asesorar a aquellas familias que ya la hubieran perdido. En el año 2013, era el boom de ejecuciones hipotecarias, desahucios y lanzamientos, después fue bajando el número, tanto en Jaén como en España, quizás porque las entidades bancarias empezaron a estar más abiertas a la negociación para evitar estas situaciones.

¿Tienen ahora los usuarios más derechos que en plena crisis?

Tienen más armas legales, las distintas modificaciones normativas que se han ido produciendo han favorecido la situación de estas familias. Ahora, por lo menos, se puede forzar una negociación o buscar soluciones alternativas para evitar el procedimiento judicial o incluso negociar dentro de ese procedimiento y evitar que pierdan su vivienda habitual.

¿Quiénes son las personas que acuden a ustedes pidiendo ayuda?

Personas con escasos recursos, que en la mayoría de las veces están ya metidos en el procedimiento judicial para la ejecución hipotecaria. Cuando nos encontramos con un caso así, lo primero que alegamos es la existencia de cláusulas abusivas, que fue una de las reformas normativas más importantes que se han producido en los últimos años, y esto ha permitido, en algunos casos, que se archiven esos procedimientos, que su deuda se vea reducida o que se pueda negociar con la entidad bancaria. También hay casos en los que las propias familias son conscientes de que no van a poder hacer frente a los pagos. Ante esas situaciones se busca un acuerdo con la entidad, que puede ser una reestructuración, dación en pago, alquiler social... Depende del usuario y la capacidad económica que tenga.

¿Han llegado hasta ustedes familias con niños menores?

Tenemos de todo. Desde pensionistas hasta familias con niños menores, familias en las que todos los miembros están sin trabajo o cobrando el subsidio. Es decir, personas con escasos recursos y cuya principal preocupación es mantenerse en la vivienda.

¿Se puede conseguir una solución para todas las familias?

No siempre es posible, se intenta, pero depende mucho de la disposición de la entidad bancaria. En prácticamente todos los expedientes que hemos tenido se han evitado los desahucios, pero no siempre es posible encontrar acuerdos. En 2013 y 2014 fueron pocos, y en 2015 se han incrementado.

¿Qué opinan los bancos de ustedes? ¿Les ven con miedo o con recelo?

Al principio sí nos veía con miedo y con recelo. Ahora, cuando nos conocen, ya no tienen ese recelo, y sí es cierto que hay una mayor disposición para llegar acuerdos.

Y ustedes, ¿qué opinan de los bancos?

Como te he dicho, hay una mayor disposición, pero realmente deseamos que esa disposición siga creciendo.

¿Cuál ha sido el plazo más corto con el que han trabajado para evitar un desahucio?

Plazos muy urgentes. Nos hemos encontrado con lanzamientos previstos para dos días después de que nos llegara el expediente.

¿Qué se hace en esos casos?

Tratar de usar las armas legales que tenemos a nuestro favor.

Una vez que se evita que una familia sea desahuciada, no se acaba el problema. ¿Qué ocurre después de paralizar su marcha de la casa?

Si se cierra un acuerdo es porque la familia sabe que puede afrontar esa nueva situación, eso no significa que si no cumplen, no se puedan ver en un nuevo procedimiento judicial.

¿Y si no hay acuerdo?

Pues si no se alcanza un acuerdo y la familia no puede hacer frente a las cuotas atrasadas, finalmente nos encontramos con que el banco se adjudica la vivienda y la familia tiene que irse de su casa, a corto o largo plazo. Si es cierto, que hasta mayo de 2017 tenemos la posibilidad judicial de la suspensión de lanzamientos, y no sabemos si se ampliará ese plazo.

¿No puede haber desahucios hasta mayo de 2017?

No, según una modificación normativa, no se puede, siempre que la familia cumpla una serie de requisitos, sobre todo, respecto a su capacidad económica. En los procedimientos en los que el banco ya se ha adjudicado la vivienda, se está consiguiendo paralizar el desahucio hasta mayo del año que viene.

¿Qué implica este trabajo, a nivel personal?

La persona que acude a ti se encuentra en una situación dramática porque no puede pagar, no porque no quiera, y se ve que tiene que irse de su casa y no tiene recursos para buscar otro sitio donde poder vivir. Estamos hablando de situaciones dramáticas. La oficina tiene una vocación social y aquí se requiere a los letrados una especial sensibilidad, y que se le de preferencia a este tipo de asuntos. Este no puede ser un expediente que entre en tu despacho y se quede ahí, hay que darles una tramitación urgente porque normalmente son situaciones que requieren de una solución inmediata. A nivel personal te das cuenta de la situación real que hay fuera. Ves las noticias, ves las estadísticas y todo te parecen números, pero la realidad, cuando se sienta una familia en tu despacho y te plantean estos problemas, es dura. Y es dura, además, porque quieres ayudarles pero no siempre es posible, aunque yo siempre apuesto por agotar hasta el último recurso. Muchas veces es muy gratificante encontrarte con estas personas, a las que has conseguido evitar que tengan que marcharse de su casa, y te dan grandes muestras de agradecimiento. Eso a nivel personal es muy gratificante. Estoy hablando de un simple abrazo, no hablo de cuestiones económicas. Eso demuestra que estamos cumpliendo esa función social.

¿Sabía donde se metía cuando se ofreció para la oficina?

Realmente no, pero el balance es muy positivo. Para seguir adelante. Ha sido bueno a nivel personal y a nivel jurídico porque te permite una especialización y estar actualizándote continuamente.

¿Cree que se ha acabado la crisis?

Me gustaría decir que sí, pero creo que no.

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