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Siete años sin juzgados nuevos

Torres de papeles en un juzgado en una imagen de archivo.
Torres de papeles en un juzgado en una imagen de archivo. / IDEAL
  • Tanto el ministro Catalá como el consejero De Llera han anunciado que es preciso acometer mejoras estructurales

  • La Justicia espera que 2017 sea el año de su restructuración para aprovechar mejor los recursos

El Consejo General del Poder Judicial aprobó en 2010 la creación del quinto juzgado Primera Instancia e Instrucción de Linares. El último órgano judicial de la provincia de Jaén, ya en plena crisis y con la Junta de Andalucía -institución encargada de dotar los medios materiales- actuando tarde y mal: no fue capaz de abrir este órgano hasta 2012 y lo hizo en la antigua caseta del guarda de los juzgados, unas instalaciones provisionales e insuficientes. Aunque al menos en esa época aún se abrían juzgados nuevos. Desde el quinto de Linares no se ha concedido a la provincia ningún órgano nuevo, ni se esperan novedades en los próximos años. Así que el mundo de la Justicia en Jaén se agarra a que 2017 sea al fin el año de la reorganización para optimizar los recursos.

En 2009 se creó en Penal 4 de Jaén, el último con relevancia provincial en la provincia. Entra en el reparto ordinario de procedimientos penales y además está especializado en violencia de género. Está saturado. Como el resto de Penales, que señalan a más de un año vista. El Mercantil (Primera Instancia 4 de Jaén) tiene la agenda de señalamientos completa para los próximos quince meses, y junto al de Familia (Primera Instancia 6, otro de los últimos en crearse) ha necesitado jueces de refuerzo para evitar el colapso por el número de asuntos que les entran. Los papeles rebosan en el resto de juzgados civiles, donde trabajan desde que estalló la crisis a más del doble de su capacidad, y tienen casi 20.000 ejecutorias de sentencias pendientes. Y en la Audiencia, la Sección Primera (que lleva los temas civiles) también está sobrecargándose con incrementos anuales de trabajo por encima del 20% en los dos últimos años y una nueva avalancha de pleitos por cláusulas suelo en ciernes.

Más descargados

Por el contrario, otros juzgados como el de Vigilancia Penitenciaria, el de Violencia sobre la Mujer, los tres contencioso-administrativos o los juzgados de lo social viven con menos apreturas, más holgados de papeles. El último año ha variado también la situación de los cuatro juzgados de Instrucción de Jaén, a los que las últimas reformas legales han aliviado de un 30% de su carga de trabajo en asuntos de trámite (fundamentalmente delitos sin autor conocido).

Distintas fuentes consultadas en el mundo de la Justicia aseguran que dado que no se prevé la creación de nuevos juzgados, se impone un nuevo sistema de organización que optimice los recursos disponibles. Y esperan que 2017 sea al fin el año.

El debate es ya antiguo y hasta ya sido recogido por el TSJA en su memora de 2014, donde ya se abogaba por «eliminar la desigual carga competencial» que actualmente tienen los distintos órganos judiciales, «al tiempo que gestionar mejor los actuales recursos humanos». Al menos hasta la reorganización definitiva del sistema judicial español ayudaría a paliar la situación que dura muchos años.

«El rumbo a tomar debía ser el de la creación de plazas individuales de magistrados o jueces en vez de unidades judiciales completas, en sintonía con la reforma estructural que se preconiza y en previsión de la reforma legislativa en torno a los llamados Tribunales de instancia», opinaba el alto tribunal andaluz en un documento de hace ya tres años.

Año de reformas

El ministro Rafael Catalá anunció en diciembre pasado su intención de reformar el Estatuto del Fiscal para que sean los representantes del Ministerio Público quienes se encarguen de la instrucción de las causas penales. Podría ser el primer paso para la revolución en la Justicia, pues había que estudiar el nuevo papel de los magistrados, letrados de la administración de Justicia y funcionarios que ahora sirven en los juzgados de Instrucción. Catalá no dio plazos, sino que abogó por implantar los cambios cuando haya consenso político. Los actuales jueces de instrucción podrían reconvertirse en fiscales o quedar como jueces de garantías, para controlar el respeto de los derechos de los justiciables durante la instrucción.

La creación de la oficina judicial (una 'sala' común donde se tramiten los procedimientos, rompiendo la estructura actual de juzgados como reinos de taifas absolutamente independientes) podría verse al fin impulsada con esta reforma, según opinan en distintos ámbitos de la Justicia. Todos los proyectos de modernización judicial lanzados en los últimos años pasan por la creación de éste órgano (eterna promesa que apenas ha dado sus primeros pasos). El consejero de Justicia andaluz, Emilio de Llera, afirmó recientemente que durante 2017 verá la luz la Oficina Judicial y Fiscal. Se trata de un proyecto que como prueba piloto en el partido judicial de Vélez Málaga y el Ejido, para la Oficina Judicial, y en Sevilla, para la Oficina Fiscal.

De Llera señaló que la modernización de la Justicia «constituye sin duda la gran apuesta de la Junta, no sólo para 2017, sino en un marco temporal más amplio en el que pretendemos conseguir la definitiva implantación de la justicia digital en Andalucía».

Defendió el «enorme esfuerzo» realizado por la Junta en 2016 para avanzar en este sentido y citó la firma digital, el visor de expediente judicial y la integración de escritos telemáticos como los tres elementos claves en este proyecto, ya desplegados en prácticamente todos los órganos judiciales.