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Protesta a las puertas de la Junta en Jaén.
A vida o muerte con un telefonista de telemarketing

A vida o muerte con un telefonista de telemarketing

Operadores del 112, Salud Responde y 061 luchan para que se les reconozca como trabajadores públicos

Juan Esteban Poveda

Martes, 20 de diciembre 2016, 01:15

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«112 Andalucía, Dígame». De lo que suceda tras este saludo protocolario puede depender la vida o la muerte de una persona. O de varias. Accidentes de tráfico, incendios, inundaciones, un infarto, un atraco ... Es el teléfono de emergencias. Igual que el 061, el teléfono para urgencias sanitarias. O el número de Salud Responde. Llamadas a vida o muerte. Pero quien las responde no es -según su contrato, según las condiciones laborales con las que trabaja- un profesional sanitario, un miembro del sistema sanitario público andaluz. En su nómina pone que es un profesional del telemarketing -como los vendedores que llaman a domicilio para vender líneas de teléfono o colchones- y trabaja para una empresa privada, que ganó una concesión pública. Desde hace año y medio luchan para conseguir que la administración les reconozca el servicio que prestan y los incluya en una agencia pública.

Una Proposición No de Ley aprobada por el Parlamento Andaluz reconoce que estos trabajadores (unos 350 en Jaén, sede central de Salud Responde ) sufren «un trato deplorable» y están sometidos «a condiciones sociolaborales propias de sistemas esclavistas». Antonio Higueras, delegado sindical por CGT, asegura que hay compañeros que encadenan 50 contratos en un año, contratos de doce y de ocho horas semanales, una bolsa para sustituciones en las que hay personas desde hace seis años, oscurantismo en la selección de personal de esas bolsas, poca formación (documentos que se cuelgan en la intranet y cursos que se dan unos compañeros a otros) cuando era una de las cuestiones que se valoraba en el pliego de condiciones para acceder al servicio. «Hay una situación de miedo a represalias a los que no se someten», asegura el sindicalista.

«Lo que queremos no es entrar de funcionarios por la puerta de atrás. Es que se nos reconozca que prestamos un servicio público fundamental, no de telemarketing, y que sea una empresa pública la que asuma a los trabajadores», explica Higueras.

Cartera de servicios

En el caso de Salud Responde, el que más afecta a Jaén con unos 300 trabajadores, la cartera de servicios a la que responden los telefonistas incluye, además de dar citas previas, «consejos sanitarios», y voluntad vital anticipada, teléfono de la infancia y de la mujer para casos de maltrato, teléfono de orientación sexual para jóvenes, demanda de asistencia urgente, listas de espera, información a centros de salud para casos como los de gripe aviar o virus Zika o Ébola.

En el último año y medio el Parlamento de Andalucía ha aprobado hasta tres Proposiciones No de Ley reclamándolo, con los votos de PP, Podemos , IU y Ciudadanos. En la última, de junio pasado, se declara expresamente que no se aplica ni siquiera «el convenio que tienen asignado estos trabajadores (Contact Center, que nada tiene que ver con la actividad profesional que realizan». Se habla de coacciones para que renuncien a permisos retribuidos por nacimiento de un hijo o fallecimiento de un familiar, falta de formación y sanciones de la Inspección de Trabajo por infracciones contra la normativa laboral. El conflicto entre trabajadores y la concesionaria se recrudeció hace meses con el despido de varias empleadas de Málaga tras una protesta, según los sindicatos.

Entorno público

Los trabajadores prestan servicio en edificios públicos, con material público, incluso con uniformes con logos de servicios públicos (no de empresas privadas), y reciben órdenes y son supervisados por empleados públicos, según consta en las proposiciones aprobadas en sede parlamentaria para 061, 112 y Salud Responde. Sin embargo, son operadores de telemarketing. No sanitarios. Aunque respondan llamadas a vida o muerte.

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