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Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén, en la calle Carmelo Torres.
Archivan la causa por contratos publicitarios en la Diputación

Archivan la causa por contratos publicitarios en la Diputación

La instructora no ve indicios de delito en la actuación del ahora delegado de la Junta Antonio de la Torre y de otros dos empresarios

J. E. POVEDA

Sábado, 3 de diciembre 2016, 01:47

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La magistrada Carmen Ballesteros, de Instrucción 4 de Jaén, ha acordado el archivo y sobreseimiento de las diligencias abiertas para investigar supuestas irregularidades en la adjudicación de una campaña de publicidad en la Diputación Provincial de Jaén. Tras sus pesquisas, la magistrada concluye que el contrato de 56.000 euros se fraccionó de forma «perfectamente regular» y que «no existe prueba de acuerdo alguno» entre funcionarios de la institución y los empresarios que hicieron la campaña «que genere perjuicio alguno, por lo que tampoco existen indicios para imputar delito de fraude a ninguno de los implicados».

En la causa estaban siendo investigados el actual delegado de Economía la Junta de Andalucía en Jaén, Antonio de la Torre (trabajador de la Diputación cuando ocurrieron los hechos denunciados) y dos empresarios. Inicialmente había más trabajadores de la Diputación encartados, pero ya fueron excluidos anteriormente. La Diputación Provincial se había personado en la causa como acusación por si hubiera resultado perjudicada.

El auto de archivo aún puede ser recurrido por el Fiscal.

La denuncia que motivó la apertura de diligencias partió en el mes de abril de un ex empleado de una de las empresas investigadas, que puso en conocimiento del juzgado supuestas irregularidades. El juzgado, tras el verano, encargó una investigación a la Policía Nacional, que en la Operación Paraíso pasó a detener a tres empresarios y a una trabajadora de la Diputación. Posteriormente, tras escuchar a los detenidos, se detuvo también a De la Torre. Hubo además dos imputadas no detenidas entre el personal de la Institución Provincial.

Los arrestados durmieron en el calabozo de Comisaría una noche y después pasaron a disposición judicial. La magistrada los dejó en libertad con cargos mientras seguía investigando.

Tras nuevas declaraciones y a la vista de la documentación, la jueza Ballesteros concluye que se parte de la contratación de una campaña de publicidad, en principio presupuestada en 40.000 euros pero que se fue hasta los 56.000, que se adjudicó en varios contratos menores de 18.000 euros, lo que «permitía su adjudicación directa», según el auto de archivo.

El razonamiento

«La clave en el presente caso radica en conocer si por parte de alguna autoridad o funcionario público se adjudicaron contratos para evitar la licitación pública a sabiendas de su obligatoriedad o si hubo concierto entre la citada autoridad o funcionario para defraudar al ente público».

La conclusión a la que llega la magistrada instructora es que «de lo actuado no puede deducirse que se produjera ninguna de ambas situaciones». O sea que no ve delito por ninguna parte.

En su razonamiento la jueza explica que la representación letrada de Antonio de la Torre Olid expuso «de forma pormenorizada» las razones por las que la adjudicación no infringió la ley, ya que el objeto del contrato, una campaña publicitaria en distintos soportes, admite fraccionamiento. Así que no existe dolo, según el razonamiento, ni hay perjuicio para la Diputación, ni se engaña a nadie, ni hay finalidades espurias en las actuaciones de los encausados. Subcontratar distintas partes de la campaña, según este razonamiento, sirve para «obtener mejores precios para el alquiler de soportes de cartelería por parte de las empresas en cuestión y no justificado, sino todo lo contrario, perjuicio alguno por parte de quien representa y asiste a la administración pública implicada».

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