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Se enfrenta a dos años de cárcel por vender dos cocheras hipotecadas y no levantar las cargas

  • Al cabo del tiempo, la pareja a la que realizó la venta tuvo que enfrentarse a un proceso ejecutivo de hipoteca como paso previo al embargo

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha juzgado este lunes a un hombre, J.P.C., de 44 años, acusado de vender a un matrimonio dos cocheras hipotecadas con el compromiso recogido en escritura de levantar las cargas en 15 días, sin que finalmente lo hiciera así por lo que al cabo del tiempo la pareja tuvo que enfrentarse a un proceso ejecutivo de hipoteca como paso previo al embargo.

Según el Ministerio Fiscal, el acusado vendió a un matrimonio por escritura pública de compraventa en diciembre de 2012 una vivienda y dos plazas de garaje. La pareja se subrogó en la carga hipotecaría que tenía la vivienda y en relación a cada una de las dos plazas de garaje se hace constar que están gravadas con una hipoteca de 17.500 euros cada una de ellas y que el vendedor de las mismas cuenta con 15 días para cancelarlas.

Pasados los 15 días, el acusado no destinó el dinero recibido por la venta de las cocheras a la cancelación de las hipotecas, por lo que dos años más tardes fue el matrimonio quien tuvo que cancelarlas abonado otros 20.000 euros para que no les fueran embargadas.

El acusado se ha defendido ante el tribunal diciendo que no se pudo levantar las hipotecas porque es una cuestión que se estaba negociando con los bancos y que a día de hoy sigue sin cerrarse esa cuestión. Ha apuntado que los compradores sabían esta cuestión y que el plazo de 15 días era orientativo.

El matrimonio ha insistido en que ellos se fiaron del vendedor y que en ningún momento desconfiaron hasta que llegó la ejecución de la hipoteca y ya fue imposible ponerse en contacto con él a pesar de las numerosas llamadas y correos electrónicos que le remitieron pidiendo una explicación e intentando solucionar antes de acudir a los tribunales.

Por estos hecho, el Ministerio Fiscal ha reclamado para el acusado una pena de dos años de prisión por un delito de apropiación indebida y 3.000 euros de multa, mientras que la acusación particular eleva la petición de penas a tres años de prisión.

Por su parte, la defensa ha insistido en la petición de libre absolución por entender que el dinero que se entregó a la firma de escritura no había obligación de destinarlo al levantamiento de las hipotecas de las dos plazas de garajes.