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El turismo 'en negro' escapa de la nueva ley

El decreto de la Junta, publicado en febrero y que entró en vigor en mayo, dota a las viviendas turísticas de regulación propia.
El decreto de la Junta, publicado en febrero y que entró en vigor en mayo, dota a las viviendas turísticas de regulación propia. / IDEAL
  • Únicamente hay 19 viviendas particulares en Jaén registradas para fines turísticos, aunque sólo en la red la oferta multiplica esta cifra

Cada vez más gente prefiere quedarse en pisos para turistas cuando viaja. Una cierta culpa occidental que huye de los hoteles al uso y los recorridos marcados con audioguía –cuando las ciudades se convierten en escaparates más que en entes vivos– ha disparado la demanda de este tipo de alojamiento. Según las últimas estadísticas de movimientos turísticos en frontera, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta el 15% de los turistas que eligieron Andalucía como destino declararon venir a una vivienda en alquiler.

Con el objetivo declarado de mejorar la calidad del servicio a los turistas, y tras varias peticiones del sector de la hostelería pidiendo que se regulasen unos establecimientos en directa competencia, la Junta de Andalucía se puso en marcha en febrero para iniciar un proceso de normalización de estos establecimientos, similar al que desde hace décadas poseen los apartamentos turísticos y 'apartahoteles'.

Tres meses después entró en vigor el decreto que obliga a quienes disponen de una vivienda dedicada a fines turísticos a inscribirse en el Registro de Turismo de Andalucía, para poder funcionar legalmente y con garantías.

Seis meses después de aquel día, únicamente 19 propietarios han realizado los trámites para regularizar la situación de sus inmuebles en la provincia de Jaén, según los datos facilitados a este periódico la delegación jienense de la consejería de Turismo (solo afecta a municipios mayores de 20.000 habitantes, quedando fuera, entre otras, las casas rurales). Esto se traduce en unas 112 plazas. Han llegado a ser 23 viviendas, pero cuatro se han dado de baja. En cualquier caso, no parecen ser mayoría quienes cumplen con la ley.

La oferta de este tipo de vivienda en la red es muy superior a las peticiones realizadas. En algunos portales la triplica, y en otros llega hasta a multiplicarlo por cuatro o más, como ocurre en el caso de AirBnB, quizá el más famoso de lo que operan en España, que registró cerca de trescientas ofertas publicadas en los últimos treinta días (casi quince mil a nivel andaluz). En la mayor parte de los casos es muy difícil encontrar en los anuncios de estos portales el número de registro de la vivienda turística, un requisito legal impuesto por el decreto andaluz que entró en funcionamiento en mayo.

La provincia se encuentra a la cola de Andalucía de forma destacada, donde han cumplimentado ya su declaración responsable más de diez mil y siete mil la tienen validada.

Según los datos recogidos por la web AirDNA, que estudia el mercado de AirBnB, sobre el número de viviendas disponibles en cada región andaluza, Granada es la provincia donde más actividad hay en relación con viviendas dedicadas a fines turísticos, con 5.032. Le sigue Sevilla, la segunda región con más oferta, con 4.162.

El caso de Lucas

Lucas (nombre ficticio) es propietario de una vivienda para fines turísticos. Ha pasado este mismo verano por el proceso de regularización sin contratiempos. En su opinión, la razón más importante por la que aún hay tantos inmuebles de este tipo que no han realizado estos trámites es muy sencilla: «Se gana más dinero si no tienes que pagar impuestos», que es algo que al común de los mortales le ha enseñado la extensa literatura -y en épocas más recientes, la televisión- sobre negocios poco limpios, pero sin duda lucrativos. «Hay personas a las que es muy posible que, de entrada, todo lo que suponga una regularización le tire para atrás». Además, resume, ser legal «da más trabajo»: hay que llevar un control exhaustivo y reglado, compartido con las autoridades, de quién entra y sale de la vivienda por motivos de control y de seguridad, entre otras cosas. Y fuera de la ley no hace falta adecuarse a las normas de edificabilidad impuestas por el decreto de la Junta de Andalucía.

Inspectores

Lucas explica que eso «te puede costar mucho dinero», si tienes que arreglar o reformar un piso viejo, como muchos de los que hay en zonas céntricas, donde aumentan el número de inmuebles de este tipo que se ofrece a los turistas. «Pero si uno quiere hacerlo», continúa, «no hay mucho problema: yo hice lo mío con ayuda de un abogado porque quería enterarme de cómo me iba a salir la cuenta en términos fiscales, pero el papeleo está bastante claro desde el principio y no te ponen grandes problemas».

De hecho, una de las ventajas del decreto autonómico es que, cuando se inician los trámites para regularizar la vivienda, la Junta de Andalucía acepta por defecto la petición y otorga un número de registro que permite operar al propietario. En algún momento posterior, los inspectores se pasarán por la vivienda a comprobar que se cumplen todos los requisitos legales. «A la mía todavía no han venido», explica Lucas, «y eso que inicié los trámites en julio y ya estamos a noviembre».

CADA vez más gente prefiere quedarse en pisos para turistas cuando viaja. Una cierta culpa occidental que huye de los hoteles al uso y los recorridos marcados con audioguía -cuando las ciudades se convierten en escaparates más que en entes vivos- ha disparado la demanda de este tipo de alojamiento. Según las últimas estadísticas de movimientos turísticos en frontera, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta el