El Ayuntamiento recurre a un crédito de 14,5 millones para acabar el año

El pleno del próximo viernes debatirá una nueva operación financiera por valor de 14,5 millones de euros «para hacer frente al pago de los servicios sociales básicos de este Ayuntamiento en los próximos meses». Así lo confirmó el teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla, que presidió ayer la comisión ordinaria de Hacienda. El PSOE se encargó de recordar la advertencia de la Tesorería Municipal hecha público en durante la Comisión de Hacienda en el que se advierte de que el citado préstamo compromete «seriamente» las capacidades del Ayuntamiento en 2017.

El responsable del Área explicó que se trata de una operación de crédito con cargo a la recaudación tributaria del primer semestre de 2017, fundamentalmente el IBI y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, y que se va a llevar a pleno «después de unas intensas negociaciones con la Caja Rural que ha sido la única entidad financiera que ha presentado oferta».

El edil añadió que para su aprobación en pleno se ha «pedido la colaboración» de todos los grupos políticos municipales con representación en este Ayuntamiento.

Manuel Bonilla indicó al respecto que esta operación financiera «ha dado sus frutos» después de varios meses de negociación con Caja Rural y recordó que «por fortuna no fue necesario llevar la operación a pleno el pasado mes de septiembre».

En este sentido indicó que ahora «es imprescindible llevarla a Pleno y que se apruebe para cumplir con las obligaciones del Ayuntamiento, con el pago de las nóminas a los trabajadores y cumplir con los servicios sociales básicos de cara al siguiente trimestre».

Reformas en edificios

Por otra parte, el concejal de esta área puntualizó que en dicha comisión se trataron distintos reconocimientos extrajudiciales de crédito, además de una modificación de crédito para proceder a algunas reformas necesarias que hay que realizar en edificios municipales.

Por último, también se llevó a esta comisión de Hacienda una modificación del calendario fiscal que afecta al impuesto de bienes inmuebles, mediante la cual, a partir del ejercicio de 2017, se vuelve a adelantar el primer periodo de cobro al mes abril.

El grupo municipal socialista explicó ayer a través de un comunicado de prensa que en el documento de la Tesorería, que abunda en la ausencia de prudencia financiera, se advierte de que «el anticipo en cuestión supone la utilización en 2016 de una parte muy importante en términos cuantitativos de la recaudación del próximo ejercicio, lo que supondrá una merma sustancial de ingresos en 2017, lo que afectará a la capacidad de pago del próximo 2017».

Mercedes Gámez, viceportavoz del grupo municipal, señaló que el montante que se solicita «supone un atracón de intereses y devolución de capital que se le indigestará al equipo de Gobierno por las condiciones con las que se firma: un interés fijo del 2,05%, comisión de apertura y estudio del 0,08% interés de demora del, 4,05%o, con vencimiento el 31 de julio». Eso significa en palabras de la dirigente socialista que este préstamo deberá devolverse entre el 20 de marzo, que debe estar preparado el primer pago de 1,5 millones de euros, y el 31 de julio, con abonos prácticamente cada quince días «tan descomunales» como los 6 millones que hay que devolver de intereses y capital el 18 de mayo de 2017.

Falta inversiones

La viceportavoz remarcó que si todos los recursos del Ayuntamiento se emplean en devolver este préstamo, es evidente que el resto de pagos que hay que seguir haciendo (gastos de funcionamiento, nuevas nóminas y vencimientos de otros préstamos y abonos de intereses quedan» «quedan absolutamente al descubierto». «Y ya no hablar de la falta de recursos para inversiones, ¿qué inversiones podemos pensar que recogerán los presupuestos de 2017 para los vecinos con este panorama?», se preguntó ayer Mercedes Gámez.

La viceportavoz pidió al alcalde, Javier Márquez, que no vuelvan a modificarse las ordenanzas que regulan los impuestos que se cobran a los ciudadanos con fines electoralistas, como ha quedado demostrado que se hizo en 2015 al trasladar el primer pago en julio, tras las elecciones municipales «en un burdo juego electoral», dejando además periodos de pago que no eran cómodos no ya para el ciudadano, sino también para el Ayuntamiento.

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