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Las cuentas sin cuento de Castillo

Autobús urbano de la capital jienense, ente el edificio principal del Ayuntamiento.
Autobús urbano de la capital jienense, ente el edificio principal del Ayuntamiento. / José M. Liébana
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  • El Ayuntamiento decide hacer la auditoría que aprobó hace casi un cuarto de siglo para fijar la subvención | El paso de la empresa de autobuses por la Comisión de Control y Transparencia no ha dado el resultado deseado y hasta el equipo de gobierno se ha sumado

Las cuentas de Autobuses Castillo son el cuento de nunca acabar, las cuentas sin fin, las cuentas sin cuento, o con él. El Ayuntamiento de Jaén aprobó una auditoría externa allá por 1994 –cuando Luis Roldán se dio a la fuga– , antes de decidir posibles nuevas subidas en las tarifas. Después lo ha intentado para saber cuántos viajes con bonobús se realizan al año. ¿Por qué? Porque la bonificación a los distintos colectivos la paga el Consistorio. ¿Con qué datos? Con los que presenta la propia empresa. El último intento por cotejarlos fue aprobado casi de forma unánime en el reciente pleno municipal, incluido el equipo de gobierno, del PP, partido que hasta ahora se ha negado a conocer dichas cuentas, incluso cuando el TSJA le dio la razón, hace ya una década.

La vez que más cerca ha estado el Ayuntamiento de conocer las cuentas de Castillo –de un servicio que es municipal– ha sido antes de agosto, a raíz de la creación de la Comisión de Transparencia, Control y Fiscalización de las Empresas Concesionarias. Por ella pasaron Aqualia, FCC, etcétera, hasta que le tocó el turno a la empresa de autobuses. Hubo dos reuniones –relata el portavoz de Jaén en Común (JeC), Manuel Montejo– , en la primera no sabían explicar la documentación porque no cuadraban los números, y en la segunda los explicaron más o menos pero faltaba mucha documentación por aportar». «Aportaron datos diferentes de un mismo periodo y en ambas ocasiones los responsables de la empresa y sus asesores reconocieron que hay errores incluso hasta de tipo informático», afirma la edil socialista Matilde Cruz.

El resultado del paso de Castillo por dicha comisión de control fue que la oposición siguió sin creerse los datos de la empresa, pese a recibir 900.000 euros al año entre la subvención estatal y la subvención municipal para bonificar las tarjetas.

Rescate

El PSOE rescató entonces el asunto de la auditoría, criticando que el gobierno municipal estuviera subvencionado con casi un millón de euros a una empresa en función de unos datos cuya veracidad es «cuestión de fe», dijo. Y llevó al último pleno la moción para que la Intervención del Ayuntamiento haga una auditoría. «Pedimos que no sean los datos que la empresa presenta los que use el Ayuntamiento para abonarle la liquidación, sobre todo porque existen medios informáticos para controlarlos. Esta medida no tendrá ningún coste porque el programa está elaborado desde hace tiempo y no cuesta implantarlo», añadió Cruz, que fue responsable del área en el periodo 2007-2011, en el gobierno de PSOE e IU, y que tampoco logró conocer las cuentas de Castillo.

Por entonces se diseñó un programa informático ‘ex profeso’, que permitía a los técnicos municipales conocer cuántas personas viajaban con billetes bonificados. Pero cuando quisieron implantarlo se acabó el mandato y en el siguiente volvió a gobernar el Partido Popular.

El origen

La relación entre el Ayuntamiento de Jaén y Castillo se remonta a 1987. En 1994, siendo alcalde el socialista José María de la Torre y concejal de Tráfico y Transportes Patricio Palomino, el pleno municipal aprobó encargar una auditoría externa sobre las cuentas de la empresa, para ver si estaba justificada la subida de tarifas que pedía Castillo, e incluso se llegaron a contratar a los auditores. La empresa se negó y acudió a los tribunales. No hubo subidas pero tampoco cuentas. La justicia dio la razón al Ayuntamiento en primera instancia en 1999, pero el gobierno municipal, ya del PP, se negó a hacerla, alegando que la sentencia no era firme. Castillo recurrió al TSJA, donde los pleitos duran más, y cuando le volvieron a dar la razón al Ayuntamiento, en 2005, once años después, el entonces alcalde, Miguel Sánchez de Alcázar (PP), esgrimió que la decisión de hacer la auditoría era «muy antigua» y que no quería enfrentarse a una empresa que «está realizando un buen servicio y que está colaborando con el Ayuntamiento». Poco después, ante las críticas cosechadas, varió el discurso. «No tememos a ninguna auditoría –proclamó– y será el concejal responsable del área el que tome la decisión, que se respetará sin problemas». Y el concejal de Tráfico y Transportes solicitó por escrito a Contratación que contratase dicha auditoría. Pero nunca más se supo.

Hasta 2036

El Ayuntamiento de Jaén no sólo no hizo la auditoría que dijo que iba a hacer y a la que tenía derecho después de que los tribunales, incluido el TSJA, le dieran la razón, sino que premió a la empresa de autobuses con otro cuarto de siglo más de concesión. Y lo hizo con tiempo, seis años antes de que en 2011 terminara la anterior concesión y uno antes de que cambiara el gobierno municipal tras las elecciones de 2007.

En junio de 2005, Herederos de José Castillo Castillo SL presentaba un escrito solicitando dicha ampliación del periodo contractual por 25 años, alegando que era el tiempo que había calculado para amortizar la inversión de las entonces llamadas ‘paradas inteligentes’: 480.000 euros, más gastos de mantenimiento, se dijo. Se refería al dispositivo SAE (Sistema de Atención a la Explotación) y a los paneles electrónicos instalados en las paradas que informan del tiempo de espera de cada autobús mediante dispositivos conectados por satélite en cada vehículo.

El entonces concejal de Tráfico y Transportes, Miguel Ángel García Anguita, defendió la renovación del contrato porque la inversión hecha por Castillo iba a mejorar el servicio y en concreto la puntualidad. Esgrimió también que en la anterior renovación, en 1991, el entonces equipo de gobierno socialista sólo había pedido a cambio algunos autobuses más y una nueva línea.

La renovación de Castillo hasta 2036 se hizo poco después por decreto de alcaldía y sin pasar por la Mesa de Contratación. «Pillaje y vandalismo», lo calificó por entonces IU.

El portavoz de JeC alude a ello y a que municipalizar el servicio conllevaría el pago de una elevada indemnización. «Pero sí se puede controlar a la empresa, pues se ha constatado que hay incumplimiento del contrato», apuntó Montejo, partidario también de la auditoría. «Sobre todo viendo la calidad del servicio, pésima como todo el mundo en Jaén sabe, y teniendo en cuenta el coste para el Ayuntamiento», apostilla el edil de Jaén en Común.