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El juzgado mantiene como investigados por fraude en la Operación EDU a 14 empresarios

Un policía entra en el juzgado donde se instruye la causa por los cursos de formación.
Un policía entra en el juzgado donde se instruye la causa por los cursos de formación. / Juan Esteban Poveda
  • Al archivo en junio contra quince técnicos y cargos políticos de la Junta se suma ahora la firmeza de otros once sobreseimientos respecto a empresarios

El juzgado de Instrucción 4 de Jaén ha decretado el sobreseimiento y archivo de las actuaciones que seguía contra once empresarios a los que investigaba en el transcurso de la Operación EDU, que intenta determinar posibles responsabilidades penales en torno a cursos de formación para parados impartidos por empresas de formación y financiados por la Junta de Andalucía. Los once archivos, pedidos por Fiscalía, son ya firmes. La causa se mantiene abierta contra otros 14 empresarios que según los datos recabados en una operación policial pudieron defraudar con las subvenciones.

De los casos archivados la Justicia cree que pudo haber, si acaso, irregularidades administrativas, pero no delitos. Alguno de los 14 empresarios que aún siguen como investigados (antes se les denominaba imputados) tiene pedido el archivo respecto a su caso, sin que haya una resolución firme al respecto.

Sin políticos ni técnicos

En junio pasado, la magistrada Carmen Ballesteros ya archivó la causa contra quince técnicos y políticos de la Junta de Andalucía. «No existen razones para suponer, sospechar o presumir que los fondos propios que la Junta destina al pago de tales subvenciones» fueran «malversados con el visto bueno, autorización o por desidia de la propia administración, al no probarse lo contrario ni aun indiciariamente, ni que la propia administración a través de sus responsables, ordenaran, indicaran o indujeran a realizar actuaciones u omitirlas que permitieran que terceros, sin relación probada con la administración más allá de lo que policialmente se expone y no se acredita, se beneficiaran torticeramente de tales fondos».

En ese auto de junio la magistrada exponía que «si el fraude investigado no alcanza el 15 por ciento de la totalidad de la cuantía destinada al pago de subvenciones, si tras el examen de los expedientes y sus requisitos la propia administración incoa expedientes de reintegro y ha conseguido la restitución de lo indebidamente abonado o está en trance de hacerlo, incluso en vía de apremio, parece cuando menos innecesario realizar mayores apreciaciones sobre la inexistencia de fraude generalizado, por lo que a la provincia de Jaén respecta», al tiempo que decretaba el archivo «en evitación de la pena de banquillo innecesaria por lo expuesto».

Sin una ‘dirección política’ que diera unidad a la causa para poder mantenerla en una pieza, la jueza Ballesteros ya ha expresado en sus escritos que el siguiente paso sería la «incoación de tantas piezas separadas como empresas, personas o centros beneficiarios de subvenciones e investigados en estas actuaciones existan». De momento, catorce. Esas piezas irían a los partidos judiciales donde tienen su domicilio social cada una de las empresas afectadas.

La magistrada relata que las actuaciones comenzaron el 20 de junio de 2014 a raíz de un informe de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal que exponía «la existencia de posibles irregularidades en la concesión de subvenciones por parte del Servicio Andaluz de Empleo en la Provincia de Málaga que se extiende, a juicio de los investigadores, a todas las provincias andaluzas con vulneración sistemática» del decreto de ordenación de formación profesional para el empleo. En el mes de julio, en una primera fase de la operación, hubo 13 detenidos en las provincias de Málaga (9) y Granada (4).

En el mes de septiembre el juzgado de Instrucción 4 de Jaén ya tenía abiertas diligencias (había un juzgado en cada provincia andaluza con el tema). Y la Policía emprendió una larga investigación centrada en 25 academias y centros de formación para parados que incluyó la declaración de 400 alumnos de los cursos investigados y decenas de profesores y tutores.

Hace año y medio

A principios de marzo de 2015 la Policía abrió la Operación EDU-Centro, con detenciones en Jaén, Granada y Córdoba. Había sospechas sobre centros de formación de Jaén (al menos siete centros), Linares, Alcalá, Úbeda (al menos dos centros), Torredelcampo, Quesada, Cazorla, Villacarrillo (al menos dos centros) o La Carolina, entre otras localidades. En total 25 centros de formación. Al mismo tiempo, la Policía trabajaba en Granada y Córdoba. Se esperaban 103 nuevas detenciones y 11 imputaciones en esta fase, de las que más de cuarenta correspondían a Jaén. Había 8,5 millones en subvenciones bajo sospecha.

En Jaén la Policía detectó que los cursos se habían dado realmente. Pero había contratos y facturas de más de 10.000 euros por el mantenimiento de unos cuantos ordenadores durante unos pocos meses, gastos de organización y gestión disparatados (más de 7.000 euros en algún curso) y dueños de academias que a su vez eran los profesores y cobraban la hora de clase a más de 70 euros la hora (más del doble del precio de mercado), y pagos en B.

La Policía continuó en junio de 2015 con la Operación arrestando e imputando a quince cargos políticos y técnicos de la Junta, entre ellos la exdelegada Irene Sabalete.

Instrucción 4, mientras, se inhibió en favor de Instrucción 6 de Sevilla (el que llevaba la jueza Alaya) al entender que allí se investigaban desde antes los mismos hechos. La Audiencia de Jaén estimó sin embargo que la causa debía quedarse en un juzgado de la provincia.

Hasta noviembre de 2015 no declararon los empresarios detenidos en marzo. En junio pasado se citó a declarar a técnicos de la Junta, y la jueza decidió archivar la parte que les afectaba. Ahora ha decretado once archivos sobre empresarios. Quedan catorce investigados.