Ideal

En libertad con cargos el delegado de Empleo y dos empresarios tras casi 24 horas detenidos

Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén, en la calle Carmelo Torres.
Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén, en la calle Carmelo Torres. / IDEAL
  • Tanto la Junta como la Diputación mostraron ayer su respaldo a De la Torre, mientras que el PP pide explicaciones

A las seis y media de la tarde del lunes llegaba el delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Jaén, Antonio de la Torre, a declarar a la Comisaría de la Policía Nacional. Había sido detenido, junto a tres empresarios de Jaén: A. M. R., J. R. P. B., y J. M. B. A. por la presunta adjudicación fraudulenta de una campaña de publicidad, valorada en 60.000 euros, cuando era trabajador de la Diputación Provincial. A las dos de la tarde de ayer, 20 horas después, y tras declarar ante la titular del juzgado de Instrucción número 4 de Jaén, quedaba en libertad con cargos.

Lo hacía junto a dos de los empresarios, A. M. R. y J. R. P. B., ya que el tercero quedó en libertad el mismo día de la detención. A las puertas del Juzgado, el abogado defensor de De la Torre, Alfonso Ramírez, insistía ante los medios de comunicación allí presentes, en que su defendido es «ajeno» a todo el proceso administrativo relacionado con la adjudicación del contrato de publicidad que se está investigando. Un proceso, según dijo, que recae en los técnicos de la administración provincial.

El abogado también quiso aclarar que en ningún momento se le está acusando de «enriquecimiento personal».

A los detenidos se les acusa de prevaricación administrativa, según fuentes judiciales, aunque la Policía Nacional apuntaba, en el comunicado que hizo público el lunes, a delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, corrupción en los negocios y falsedad documental.

El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número 4, cuya titular, la magistrada Carmen Ballesteros, fue noticia hace unos meses por el archivo de la operación 'Edu', en la que se vieron envueltos la ex delegada de Empleo en Jaén, Irene Sabalete y varios técnicos de la Delegación por supuestas irregularidades en los cursos de formación. Contradiciendo las tesis policiales, que hablaban de «fraude generalizado» la juez fue la primera de Andalucía en archivar esta causa por entender que no se les podía imputar «irregularidad alguna».

«Las noticias que tenemos en la Diputación es que es una investigación sobre empresas de esta ciudad, que nos han pedido toda la información en torno a unas facturas de esta Diputación, información que hemos facilitado a la Policía. Incluso han ido a declarar (el pasado lunes) algunos funcionarios y trabajadores de esta casa. Y poco más», dijo ayer el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes. La suya fue la primera de muchas reacciones políticas que se produjeron a lo largo del día.

Reyes habló ayer de una «colaboración total» por parte de la Diputación y aseguró que todo se ha hecho «con transparencia, con facturas, por cierto, todas colgadas en la página web», en su portal de transparencia. «Seguiremos colaborando con la Policía y la justicia en todo aquello que nos planteen, teniendo la conciencia tranquila de que se ha hecho lo que se debía».

«Se ha hecho bien y hemos hecho lo que venimos haciendo: trabajando para promocionar una tierra como la nuestra. Y, por supuesto, creyendo que la gestión que ha hecho Antonio es una buena gestión y confiando absolutamente en su buen hacer, de una amplia experiencia», continuó el presidente de la Diputación.

Fueron varias las voces que hablaron ayer sobre una «desproporcionada» actuación policial por la cantidad de horas de detención (incluida una noche en comisaría), aunque Reyes no quiso entrar al trapo sobre esta cuestión cuando se le preguntó: «mi opinión me la voy a guardar», dijo.

La posible dimisión del delegado «Yo voy a esperar a que eso suceda», ha apostillado no sin incidir en que es «toda» la disposición de cooperación por parte de la Diputación, desde la que se ha «facilitado toda la documentación» requerida y están «absolutamente convencidos de que los trabajadores que han ido a declarar han hecho lo que debían en aras al trabajo que les corresponde en esta institución provincial».

Sin dimisión, por el momento

«Por el momento no hay ningún cambio en la Delegación», dijo ayer la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Ana Cobo, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de una dimisión. Cobo hizo además un llamamiento a la presunción de inocencia.

«Lo único que podemos decir es que nos consta, porque tampoco hemos tenido comunicación con él desde ayer, que está prestando declaración, que está colaborando absolutamente con lo que la Policía y la Justicia necesite, puesto que en ese momento él trabajaba en la Diputación provincial», dijo durante la mañana la delegada, quien consideró que Antonio de la Torre es «un absoluto profesional, que tiene muchísima experiencia en la administración pública y bastante riguroso con su trabajo».

En la misma línea se pronunció el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, quien pidió «cautela» ante la detención, y aseguró que el Gobierno andaluz no tiene conocimiento de este asunto, ya que se trata de un tema «que no compete a la Junta, sino a una administración de ámbito local». «Por lo poco que sabemos a través de los medios de comunicación estaríamos hablando de un fraccionamiento de una campaña de publicidad, y si eso finalmente es así, la actuación policial habrá sido un tanto sorprendente y llamativa».

«Desproporcionado»

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, también se pronunció sobre la actuación policial, y aunque mostró su respeto a la justicia, sí dijo que es algo «desproporcionado» detener «tantas horas» al delegado para tomarle declaración.

No obstante, mostró su respeto a la justicia y dijo que «hasta que no se tenga constancia completa de todos los hechos que han acontecido, no se va a tomar ninguna medida».

«Cautela» pidió el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sánz, quien no quiso decir nada más sobre esta operación.

Quien sí pidió explicaciones fue la portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, quien pidió a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a que «salga inmediatamente» ante la opinión pública a ofrecer explicaciones «coherentes» sobre los contratos y sobre la detención.

Desde el PP en la Diputación de Jaén se pidió a los responsables de esta Administración «luz y taquígrafos» sobre los contratos en materia de publicidad que ha adjudicado en los últimos años.

Así lo dijo el portavoz 'popular', Miguel Contreras, quien anunció que solicitarán de forma inmediata «todos los expedientes administrativos relacionados con publicidad de los últimos cinco años para analizarlos».

Punta del iceberg

«Mucho nos tenemos que, a la vista de lo que anualmente se gasta la Diputación en publicidad, quizás esta sea la punta del iceberg», dijo Contreras.

No tardó en responderle la portavoz del grupo socialista en la Diputación, Pilar Parra, quien aseguró que los contratos de esta Administración pasan «por todos los filtros de la Intervención» y se publican en el portal de transparencia, al tiempo que dijo que «el PP no puede dar lecciones de nada».

El diputado nacional de Podemos por Jaén, Diego Cañamero, fue más allá y habló ayer de meter «las barredoras» en las administraciones públicas para «tirar a la basura» a «los delincuentes políticos».

El delegado de Empleo, Antonio de la Torre.

El delegado de Empleo, Antonio de la Torre. / EP

«La corrupción no es solo llevarse el maletín, es también utilizar el dinero público para fines que no están legitimados o para dárselo a tus amigos», dijo.

El diputado socialista Felipe Sicilia, contestó a estas declaraciones asegurando que son «impresentables», al tiempo que le pidió que respete la presunción de inocencia.

«La única tarea a la que se dedica el señor Cañamero es a insultar, descalificar, difamar e intentar desprestigiar la actividad política con declaraciones que están fuera de tono y que son una auténtica barbaridad», dijo el diputado.

Las detenciones se produjeron en el marco de la operación 'Paraíso', cuya investigación se inició el pasado mes de abril fruto de la denuncia de un ex trabajador de la agencia de publicidad que presuntamente se benefició de una adjudicación fraudulenta de una campaña de publicidad de 60.000 euros de la Diputación. Los investigadores consideran que se vulneró la Ley de Contratos del Sector Público, que obliga a los responsables del organismo oficial a solicitar ofertas de al menos tres empresas cuando el contrato supere los 18.000 euros.

Según el comunicado de la Policía Nacional, en el proceso se acordó dividir el contrato entre varios poniéndose de acuerdo con las otras dos empresas investigadas. Además, para darle forma legal, presuntamente la empresa adjudicataria subcontrató a otra empresa». La campaña estaba prevista por una duración de seis meses, por ello, las empresas investigadas «facturaban por separado cada mes, para que el dinero finalmente y con apariencia legal llegara al empresario detenido y adjudicatario de la campaña». «Éste facturaba a las otras tres empresas por importes exactos a los facturados al ente oficial, de esta manera se limpiaba el dinero», según la Policía.

Sin embargo, la investigación puso de manifiesto que «ninguna de las tres empresas que facturaban realizaron trabajo alguno, siendo la empresa subcontratada la que realizó los trabajos mientras los responsables de las demás empresas, presuntamente se prestaron al juego».