El Fiscal pide once meses de cárcel para un falso psicólogo que trabajó para la Justicia

Manuel F.R., de 52 años, será juzgado la próxima semana en el Penal 1 de Jaén acusado de un supuesto delito de intrusismo que le atribuye el Fiscal, por el que reclama contra él una condena de once meses de cárcel. Según el Ministerio Público, actuó como perito para el Instituto de Medicina Legal de Jaén sin tener la titulación necesaria para su trabajo.

Desde el año 2011 al 2013, a través de la Asociación de Peritos Tasadores de Andalucía, prestó servicios en la Administración de Justicia de Jaén y en el IML como perito. Se le encargaba, «en la creencia de que era psicólogo, como el mismo manifestaba, la realización de diferentes pericias propias de la condición de psicólogo, como la elaboración de informes de víctimas de violencia sobre la mujer, realizadas en el juzgado de Violencia de Género de Jaén, así como otros informes de contenido psicológico encargados por diferentes juzgados del orden penal y civil de la provincia de Jaén».

Ni licenciado ni doctor

«El acusado suscribía los informes o se ratificaba en los mismos manifestando ante los órganos jurisdiccionales que era psicólogo o incluso doctor en Psicología», cuando según el Fiscal «tampoco es ni licenciado ni graduado en psicología ni es profesional sanitario».

Hay constancia de que intervino en procedimientos de Villacarrillo, Linares, Andújar, Martos, Cazorla y Alcalá la Real. En total su firma está en 48 expedientes judiciales en los que ha habido que repetir la pericia que hizo esta persona.

Fuentes judiciales explicaron en su día que el falso psicólogo entró a trabajar para la Unidad de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal a través de una contrata, y que comenzó haciendo valoraciones psicológicas en casos civiles de separación con menores de por medio. Posteriormente, a raíz de una baja, comenzó a trabajar con expedientes de malos tratos. Así que durante el tiempo en el que se sostuvo en engaño recibió en consulta a decenas de mujeres en las dependencias del IML, les pasó test, las entrevistó, realizó informes y los ratificó en vistas orales tantas veces como fue preciso.

La Junta de Andalucía rechazó cualquier responsabilidad en este asunto alegando que el intruso trabajaba para una empresa adjudicataria del servicio. «Tras comprobar esta irregularidad, la Delegación del Gobierno ha iniciado de inmediato los trámites legales para cancelar el contrato de servicio que se mantenía con la empresa adjudicataria de estos peritajes», dijeron desde la Junta.