Una batalla administrativa para recuperar el palacio de los Vizcondes se suma al frente judicial

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Jaén mantiene abierta una investigación para esclarecer si se ha cometido algún delito en el derribo del Palacio del Vizconde de los Villares y el posterior abandono de la obra, con la consiguiente desaparición de un inmueble que está protegido por las normas urbanísticas locales. Pero eso es un proceso penal, que persigue castigar posibles infracciones. Al mismo tiempo, el grupo municipal de Jaén en Común intenta abrir una vía administrativa para que la ciudad recupere el palacio.

«Tal y como se dispone en el articulo 65.6 del Reglamento de Disciplina Urbanística, la existencia de diligencias penales abiertas por estos hechos en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Jaén es totalmente compatible con la obligación de adoptar medidas de restauración de la realidad física alterada, como es la reposición del edificio demolido, y pide que el Ayuntamiento, en cualquier caso, informe sobre la decisión de incoar o no» un expediente administrativo para restablecer la legalidad, asegura un documento hecho público ayer por el grupo municipal, con sello de entrada en el registro municipal y dirigido a la Gerencia de Urbanismo.

«El escrito es una interpelación directa a la Gerencia de Urbanismo, con la petición expresa de que digan si van a hacer algo o no. Si no hay una respuesta clara lo llevaremos a la próxima comisión de la Gerencia de Urbanismo», asegura Manuel Montejo, portavoz del grupo municipal Jaén en Común.

El 18 de febrero de 2008 se concedió licencia de obras para derribar el edificio con arreglo a unos determinados parámetros y condiciones y para la posterior rehabilitación del mismo.

Licencia caducada

Sin embargo, un expediente de 15 de noviembre de 2013 declaró que la licencia de obras estaba ya caducada sin que se hubiesen concluido las obras más allá de la demolición.

Jaén en Común exige «que se inicie expediente para la adopción de medidas de restablecimiento de la legalidad infringida por la entidad Unicaja, por la actuación de demolición y destrucción de un edificio catalogado en el PEPRI, que forma parte de un Bien de Interés Cultural y hacerlo contraviniendo las licencias otorgadas y vulnerando el ordenamiento jurídico vigente (...) Se ha procedido a demoler casi todo el edificio, habiendo desaparecido los elementos arquitectónicos más valiosos como el patio porticado, la portada de piedra o los escudos nobiliarios de la fachada. «Obras que han sido paralizadas y abandonadas, sin explicación alguna a las Administraciones y a la ciudadanía -subraya Manuel Montejo- que apunta que se está vulnerando la legalidad y que pueden ser constitutivos de una infracción urbanística».

Bienes Protegidos

JeC recuerda que en el Catálogo General de Bienes Protegidos del Término Municipal, que forma parte del documento del Plan General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente por la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el Ayuntamiento de Jaén otorga a este edificio una protección estructural, por sus valores históricos, artísticos, arquitectónicos y tipológicos, y por ser una pieza representativa dentro del Conjunto Histórico de la ciudad.

En este sentido JeC también pide al Ayuntamiento que se ordene la reposición de la realidad física alterada, obligando a Unicaja, como propietaria y promotora de las actuaciones, a la reposición y reconstrucción del edificio, como única forma de restablecer la legalidad y garantizar la integridad de la protección del edificio recogida en el PEPRI y la normativa sobre el patrimonio histórico de Andalucía.

El Ayuntamiento ya tiene las piedras retiradas del palacio bajo su custodia. Como medida cautelar Fiscalía solicitó al juez en 2014 que se trasladasen a un museo de la Junta o institución pública que ella fijase los elementos del palacio que fueron desmontados (portada, puerta, columnas del patio y cerrajería) y que se encontraban en una nave del Polígono de los Olivares en unas condiciones de conservación que «no son las mejores». La Junta alegó que no tenía espacio en ningún museo ni unas instalaciones adecuadas. Finalmente ha sido el Ayuntamiento quien se ha hecho cargo de las piezas.