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Un agente de la UDEV de Jaén, unidad que ha llevado ante el juez a varios centenares de investigados.
Más de 600 investigados esperan juicio por fraude a la Seguridad Social con altas ficticias

Más de 600 investigados esperan juicio por fraude a la Seguridad Social con altas ficticias

El sistema público de prestaciones duplicó el año pasado el número de 'empresas fantasma' detectadas y sigue haciendo controles

Juan Esteban Poveda

Miércoles, 16 de marzo 2016, 00:55

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La Policía Nacional cierra estos días los últimos flecos de una operación que viene desarrollando desde enero contra varias empresas fantasma que captaban falsos trabajadores a través de anuncios en internet, y a los que supuestamente 'vendían' altas en la Seguridad Social para que pudiesen cobrar prestaciones como el paro. Hay alrededor de cuarenta implicados. Cuarenta más en la cola. Un repaso a causas judiciales abiertas y operaciones desarrolladas por fuerzas y cuerpos de seguridad en los últimos años revela que hay más de 600 personas esperando juicio por este tipo de fraudes, en los que se investigan delitos contra la Hacienda Pública, estafa y falsedad documental.

Uno de los casos más antiguos -y voluminosos- data de marzo de 2007, cuando la Policía Nacional explotó la Operación Plata, con un centenar de implicados entonces -finalmente el número superó los 200- por comprar por unos 1.300 euros contratos de trabajo en plazas públicas, mercadillos y bares. Se identificó como cerebro de la trama a Rafael G.G. Había implicados en Cádiz, Sevilla, Ciudad Real, Córdoba y Granada.

En los juzgados hay otra causa también con más de 200 implicados a la espera de juicio desde hace años. En esa época eran casos aislados. Apenas si se detectaban estas infracciones en vía penal. Pero cuando se destapaban eran mastodónticas.

El punto de inflexión en la lucha contra el fraude se produce hace ahora tres años, en abril de 2013, con un Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior, sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

Pocos meses después, en octubre de 2013, llegó la 'Operación Chatarra', con 77 investigados (68 de ellos vecinos de Jaén), supuestamente un invento de tres empresarios ficticios, dedicados en teoría a la venta de metales a chatarrerías -la mayoría de establecimientos solo admiten mercancía de empresas o autónomos-, que cobraban entre 250 y 450 euros a personas que supuestamente eran contratadas, aunque no había altas ni salarios reales, con el gancho de cobrar posteriormente un subsidio.

Esta operación tuvo en 2015 una segunda fase (al menos nueve investigados coincidían) con otros 35 arrestados que «trabajaban» de «intermediarios del comercio al pormenor de chatarra y desechos». Las autoridades hablaron de una falsa empresa «creada con el fin único de generar falsas cotizaciones para poder tener derecho a las prestaciones de la Seguridad Social. Ocho de los detenidos habían tenido acceso indebido a prestaciones de desempleo».

Operación Santo

En agosto de 2014 la Guardia Civil llevó a cabo la Operación «Santo», con 111 personas investigadas por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social en Mengíbar y Peal de Becerro. En Peal se detectó una empresa «revestida de apariencia formal», pero «real y materialmente no lo era», ya que «no ejercía ningún tipo de actividad». En vez de eso, supuestamente «ejercía laborales simuladas con los presuntos trabajadores, persiguiendo la prestación de algún derecho subjetivo, esencialmente vinculado a la percepción de distintas prestaciones de carácter económico de la Seguridad Social», una conducta que «se repitió sucesivamente en el tiempo».

En Mengíbar se puso el foco sobre dos empresas que «presentaban cierta actividad económica, pero no para la actividad que se había dado de alta», por lo que se les ha añadido la imputación de un presunto delito de simulación de contratación de hasta 67 trabajadores. Según la Guardia Civil, «ninguna de las referidas empresas contaba con infraestructura empresarial suficiente para el elevado número de trabajadores en alta y ambas empresas contaban con centros de trabajo y trabajadores comunes».

Además de estas operaciones de más relevancia, tanto Guardia Civil como Policía Nacional desmantelaron otras tramas menores desde 2013. Una de las que más llamó la atención en la Policía Nacional el verano pasado fue la 'Operación Récord' . Un vecino de Campillo de Arenas tenía dadas de alta a varias personas de su entorno más cercano en una empresa que supuestamente se dedicaba a producciones musicales pero que según determinaron los agentes no tenía actividad real. La misma persona tenía a su nombre varias empresas. Cuando la Policía les dio un repaso encontró que supuestamente este 'empresario' estaba captando falsos trabajadores a través de anuncios por internet para darlos de alta a cambio de pequeñas cantidades de dinero. Es el operativo que la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta está cerrando con unos 40 investigados.

Trabajo administrativo

Detrás de estas operaciones policiales, algunas de ellas con fuerte repercusión mediática, está el trabajo muchas veces callado de funcionarios de la Seguridad Social en Jaén, que en 2013 creó un departamento específico de investigación que está logrando pruebas para destapar un buen número de fraudes. Cuando los expertos detectan alguna irregularidad la ponen en conocimiento de la Inspección de Trabajo si se circunscribe al ámbito administrativo, o de las fuerzas de seguridad del Estado si hay indicios de delito.

El mismo año que se firmó el acuerdo de colaboración se detectaron ya por este sistema 27 empresas fantasma. Al año siguiente se llegó a quince y en el ejercicio pasado se logró el récord con 34 sociedades instrumentales denunciadas.

En 2013 el número de falsos trabajadores implicados llegó a 313, mientras que en 2015 -con más empresas- eran 71 los falsos trabajadores descubiertos: los infractores son conscientes de la vigilancia y reducen el volumen del fraude para intentar pasar desapercibidos.

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