'Edu' se lo piensa con los políticos

La titular del juzgado de Instrucción número 4 de Jaén, Carmen Ballesteros, ha tomado ya declaración a casi todos los empresarios implicados en la Operación Edu-Jaén, el supuesto fraude masivo con los cursos de formación para parados financiados desde la Junta de Andalucía. Le falta uno. Lo tiene citado para principios de febrero. Con este trámite finalizará una tanda de declaraciones que tienen al juzgado ocupado desde el mes de noviembre. Son más de 40 implicados los protagonistas de esta fase. Pero no son todos los que fueron encartados en la fase policial de la investigación. A día de hoy el juzgado aún no ha citado a ninguno de la decena de cargos técnicos y políticos de la Junta investigados. Fuentes cercanas al caso han indicado que ni siquiera se puede decir con seguridad que los vaya a llamar a declarar o si los pasará a otro juzgado.

Cuando el último de los empresarios que fueron detenidos por supuesto fraude haya comparecido en sede judicial, la instructora tendrá que recapitular lo que tiene. Dará traslado a Fiscalía de lo actuado hasta el momento. Y habrá que decidir qué pasa con 'Edu-Jaén': si el juzgado de Jaén sigue investigando todo -lo que a día de hoy parece poco probable-, si le manda la causa íntegra a Instrucción 6 de Sevilla (ya dictó un auto hace meses inhibiéndose a favor de ese órgano que también investiga los cursos de formación, pero la Audiencia decidió que siguiese con la causa) o si trocea el procedimiento y manda lo que afecta a cada empresario a su partido judicial y se queda con los técnicos y políticos. O si manda a éstos a Sevilla.

Fuentes cercanas al caso han indicado que mayoritariamente los empresarios citados fueron argumentando como línea de defensa que pidieron legalmente una ayuda a la formación que entendían que les correspondía, la administración se la concedió y luego se sometieron a tantos controles como les requirieron sin que nadie les reprochase alguna irregularidad. Así que niegan los delitos de fraude y falsedad que se les imputa al grueso.

Investigación policial

«En contra de estas declaraciones están las evidencias que ha puesto de la manifiesto la investigación documentan realizada por la Policía Nacional», aseguraron fuentes de la investigación . Tras muchos meses de pesquisas, agentes de la UDEV de Jaén confirmaron que prácticamente todos los cursos de formación investigados se había impartido realmente. Había indicios de que uno no se había llegado a impartir de entre los cientos de cursos investigados Pero también detectaron numerosos casos de gastos supuestamente inflados para aumentar el volumen de ayudas públicas que se percibían y para cuadrar los gastos declarados al volumen de la ayuda.

Hay algunos llamativos: contratos y facturas de más de 10.000 euros por el mantenimiento de unos cuantos ordenadores durante unos pocos meses, gastos de organización y gestión disparatados (más de 7.000 euros en algún curso) y dueños de academias que a su vez eran los profesores y cobraban la hora de clase a más de 70 euros la hora (el precio de mercado puede ser de unos 15). La investigación policial también confirmó que al menos teóricamente muchas de las empresas habían sido inspeccionadas por la Junta sin que se detectasen esas supuestas irregularidades, tal y como han dicho los empresarios.

La primera fase de EDU en Jaén se desarrolló policialmente entre el 2 y el 11 de marzo y se cerró con 42 detenidos, empresarios perceptores de ayudas a la formación que supuestamente incurrieron en fraude. Casi todos los implicados son pequeños empresarios, muchos de ellos de peluquerías. Trascendieron algunos casos llamativos en términos políticos, como el de J.L.L.S., marido de la exalcaldesa socialista de Martos Sofía Nieto; el de I.E.G., expresidente de la ejecutiva local del PP de Pegalajar o un exconcejal de IU en Villacarrillo.

En junio llegó otra fase de EDU, con diez detenidos en Jaén. Entre ellos, la exdelegada de Empleo Irene Sabalete, y técnicos y funcionarios de esa delegación de la Junta de Andalucía. Se les acusaba de no controlar el destino de los fondos públicos para formación de parados y de conceder las subvenciones sin atenerse a los criterios legales.