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Al menos siete personas detenidas en la provincia de Jaén por el supuesto fraude de los cursos de formación

Uno de los que ha pasado por Comisaría es el esposo de la ex alcaldesa de Martos, cuyos centros de peluquería recibieron alrededor de medio millón de euros en ayudas a la formación

europa press

Lunes, 2 de marzo 2015, 12:54

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La nueva fase de arrestos que ha iniciado este lunes la Policía Nacional en el marco de la investigación en torno al supuesto fraude de los cursos de formación en Andalucía ha arrojado ya siete primeras detenciones en la provincia de Jaén. Uno de los que ha pasado por Comisaría es el esposo de la ex alcaldesa de Martos, cuyos centros de peluquería recibieron alrededor de medio millón de euros en ayudas a la formación. Tras declarar, ha salido de Comisaría al filo de las dos de la tarde.

La operación sigue en marcha a cargo de agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), tanto procedentes de Madrid como de la propia provincia de Jaén.

En total, la Policía Nacional prevé detener en las provincias de Córdoba, Granada y Jaén a 114 personas a lo largo de esta nueva fase de arrestos iniciada a primera hora de este lunes, según fuentes del cuerpo, que han precisado que los arrestos se prolongarán durante los próximos días. Las operaciones están dirigidas principalmente contra empresarios y promotores, aunque también hay funcionarios públicos implicados.

Estas actuaciones corren a cargo de la UDEF y suponen la continuación de la denominada operación 'Edu Costa', desplegada el pasado mes de febrero y que se saldó con el arresto de 90 personas, la mayoría de ellos también empresarios vinculados a un total de 52 empresas y promotores, aunque también se arrestó a algunos cargos públicos o exdirigentes como la exalcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz) Pilar Sánchez.

Mientras aquella fase se realizó sólo en las provincias costeras de Málaga, Cádiz y Almería, en este caso el operativo va a tener lugar en Córdoba, Granada y Jaén, donde las pesquisas de la UDEF ya se encontraban judicializadas en diversos juzgados, según han precisado las mismas fuentes consultadas.

Las actuaciones están dirigidas contra los responsables de empresas que se beneficiaron de las subvenciones públicas con compromiso de contratación y sobre las que hay sospechas de actuaciones irregulares. Esta operación es el resultado de meses de indagaciones en las que los investigadores de la UDEF llegaron a realizar en torno a 3.500 entrevistas personales con los alumnos y los profesores que impartieron los citados cursos.

A partir de estos trabajos se pudo detectar que había empresas que mentían a la hora de informar sobre el número de alumnos a los que se impartían los cursos o que contrataban profesores con nulo conocimiento sobre los asuntos a tratar.

En ocasiones había empresas que llegaban a acuerdos con personas para contratarlas como profesores a cambio de que estos luego les devolviesen la mitad del sueldo acordado. En otras ocasiones los cursos ni siquiera se llegaban a celebrar, según las mismas fuentes consultadas.

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