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La solicitud de una prueba pericial fuerza la suspensión del juicio por presunto fraude a Hacienda

La defensa ha planteado en su intervención inicial si los delitos que se juzgan en este caso son competencia o no de la Audiencia Provincial

EUROPA PRESS

Martes, 14 de octubre 2014, 15:04

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El juicio que estaba previsto desarrollar entre este martes y este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial contra cinco personas acusadas de un delito contra la Hacienda Pública y de otro de insolvencia punible ha quedado suspendido "sin fecha de señalamiento" al estimarse la solicitud de una prueba pericial reclamada por la defensa de los imputados.

Así lo ha indicado el letrado que ejerce dicha defensa, Antonio Martínez, quien ha explicado que dicha prueba fue solicitada con anterioridad, y en su momento "admitida" por la sala de la Audiencia, si bien finalmente se dejó "sin efecto" al apreciar "dificultades para su práctica".

Sin embargo, este martes el tribunal de la Sección Segunda, presidido por el juez Pío Aguirre, sí ha "declarado la pertinencia" de la prueba y ha decidido, en consecuencia, suspender el juicio, según ha abundado el abogado de la defensa, que ha incluido esta petición entre las cuestiones previas que ha expuesto al inicio del juicio, que ha llegado a comenzar por la mañana, aunque no ha finalizado.

Otra cuestión previa que el letrado Antonio Martínez ha planteado en su intervención inicial ha sido relativa a los delitos que se juzgan en este caso y a la competencia o no de la Audiencia Provincial para enjuiciarlo.

Y es que, según ha defendido el abogado, la Audiencia se ha hecho cargo de este juicio al haberse incluido entre los delitos que se analizan el supuesto de insolvencia punible, que ha elevado hasta seis años la petición total de cárcel que el fiscal presenta contra los acusados.

Sin embargo, a su entender, dicho supuesto delito no debería juzgarse en este caso porque no guarda "ninguna conexión" con el que se investiga contra la Hacienda Pública, "ni por el momento en el que presuntamente se cometió ni por los hechos en sí", que es la única razón que podría haber motivado su inclusión en este juicio, según ha remachado el abogado.

En efecto, el Ministerio Público atribuye a los acusados un delito contra la Hacienda Pública por el que solicita una pena de cuatro años de cárcel y una multa de 1.000.000 euros para cada uno de los procesados, así como el referido de insolvencia punible que quiere que se castigue con una condena de dos años de prisión y una multa de 20 euros diarios durante 16 meses.

Asimismo, el fiscal quiere que los acusados indemnicen "conjunta y solidariamente" a la Agencia Tributaria con los 898.128,26 euros supuestamente defraudados más intereses, así como con otros 125.911,65 euros por el supuesto de insolvencia punible.

En su escrito de calificación, el fiscal sostiene que los procesados, "movidos por el ánimo de defraudar al erario público" y "beneficiándose del sistema de tributación de las adquisiciones intracomunitarias" previsto en la ley reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) --Ley 37/1992--, obtuvieron de forma "indebida" devoluciones tributarias "por un importe de 889.128,26 euros correspondientes al ejercicio 2009", una suma que los acusados "se repartieron entre ellos", según concluye el Ministerio Fiscal.

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