La administración sin moverse de casa

Cada dos años, Naciones Unidas elabora un informe sobre el estado de la administración electrónica en 193 países. Y a pesar de que España siempre suele estar a la cola en este tipo de rankings, parece que las cosas comienzan a ser diferentes. Mientras que en 2012 el país estaba en el puesto número 23 de esta lista, hoy se sitúa en el 12, solo por debajo de potencias como Canadá (en la posición 11), Gran Bretaña (8) o Estados Unidos (7). Los surcoreanos son en este caso, como en muchas otras cuestiones tecnológicas, los que se hacen con el primer puesto.

Y este mayor uso por parte de los españoles de la administración electrónica para llevar a cabo sus gestiones también supone un gran ahorro de dinero, para ellos y para el Estado. En concreto, 16.136 millones de euros solo en estos dos años, ya que ahora los ciudadanos pueden realizar más del 70% de los trámites burocráticos por internet. Según la ONU, el coste medio de un trámite administrativo realizado de forma presencial para el ciudadano o la empresa es de 80 euros, debido a los desplazamientos, los costes derivados del tiempo de espera, de la posibilidad de tener que ir más de una vez, de tener que hacer gestiones en otra Administración para obtener algún permiso o certificado necesario, desplazarse para pagar tasas en caso de necesidad o por la pérdida de horas de trabajo. En cambio, el mismo trámite realizado por medios electrónicos tiene un coste medio de 5 euros. El año pasado las gestiones iniciadas telemáticamente por ciudadanos y empresas con la Administración General del Estado ascendieron a más de 370 millones.

«El reto ahora es que el conjunto de los ciudadanos sepa que estos trámites, tan molestos en muchas ocasiones, se pueden realizar por internet desde casa», explica Ester Arizmendi, directora general de Modernización administrativa, procedimientos e impulso de la administración electrónica del Ministerio de Hacienda, quien afirma que España está trabajando duro para eliminar «la brecha digital» que hace años estaba «mucho más marcada». Así, Arizmendi hace referencia al programa impulsado por el Ministerio hace pocos años para llevar internet a los más de 8.000 municipios españoles. Además, la directora general asegura que «en Europa estamos muy bien colocados en este sentido», ya que desde 2012 el país está en la segunda posición en colaboración público-privada en el uso de internet y el cruce de datos de los ciudadanos, solo por detrás de Reino Unido.

Premio internacional

Sin embargo, Arizmendi lo tiene claro. «No me gustaría que nos pareciéramos a Reino Unido, me parece mejor el modelo que está siguiendo España», afirma la directora. Y es que los británicos cada vez que ponen en funcionamiento un trámite de forma electrónica, cierran la posibilidad de hacerlo presencialmente o por teléfono y eso, en un país como España, «no sería cómodo para los ciudadanos». Así, la responsable del programa afirma que el Gobierno está «obligando» a los colectivos que pueden hacerlo, como las empresas, los funcionarios o los gestores administrativos, a dejar el papel a un lado. Sin embargo, está dando facilidades «a los que no saben aún muy bien cómo utilizar este servicio telemático».

Este plan de innovación fue premiado el pasado 29 de junio por parte de Naciones Unidas por la excelencia de la Plataforma de Intermediación de Datos de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Este programa se basa en un «cambio de mentalidad» respecto al pasado, ya que ahora es la Administración la que tiene la obligación de buscar en su base de datos los documentos que necesite el ciudadano para realizar un trámite, y que «no sea la persona la que «tenga que rebuscar en sus cajones». Esta plataforma, que lleva en marcha solo desde el pasado enero, es uno de los grandes avances administrativos de España de los últimos años.

Pero aún queda mucho camino por recorrer. Arizmendi destaca el nuevo proyecto de su departamento, que consiste en la implantación de la factura electrónica. Este avance, que será una obligación a partir de enero de 2015, va a impedir que se queden «facturas olvidadas en el cajón» o que las empresas elaboren un presupuesto que luego no sean capaces de cumplir. También supondrá un gran ahorro para las arcas públicas, concretamente de 3,48 euros por cada factura electrónica, 70 céntimos para el emisor (pasará de un coste de 76 céntimos a solo de 6) y de 2,78 euros para el receptor (de 2,87 euros a 9 céntimos). Así, Hacienda prevé un ahorro anual de un millón de euros a partir de 2014.