Imagen del Charco de la Gallina, zona no urbanizable. JOSÉ LUIS LÓPEZ
Será el próximo lunes, a eso de las diez de la mañana. A esa hora está previsto el sellado de las primeras viviendas situadas en el paraje Charco de la Gallina, de Bailén, una medida cautelar adoptada por un juzgado de Linares como paso previo al posible derribo de unas casas -de hecho la jueza ha solicitado una fianza equivalente al coste del derribo-, construidas en terreno calificado por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como «natural o rural», aunque fuentes municipales consultadas por este periódico indican también que se trata de un área protegida por su valor histórico -ahí se libró en 1808 la batalla contra los franceses de la Guerra de la Indepencia Española-. Al parecer ésta era la catalogación pretendida por el anterior equipo de Gobierno para el nuevo PGOU, una pretensión contra la que se presentaron más de un centenar de alegaciones.
Pero los vecinos afectados, representados por la Asociación 'Charco de la Gallina', no están dispuestos a permitirlo. Para ello han convocado una concentración para «impedir el paso a las fuerzas del orden público», indican fuentes de la Asociación, quienes explican que la primera orden de precinto recae sobre inmuebles en los que viven familias con menores de edad y con recursos insuficientes para abonar el importe de un alquiler.
Los perjudicados alegan que jamás se ha tomado una decisión parecida a ésta en la provincia. Y lamentan que los tribunales hayan obviado un recurso en el que se incluía una declaración de voluntades de todos los concejales que componían la corporación precedente -el acta está fechada el último pleno del mandato anterior- para legalizar esta zona y otras con el mismo problema. También exponen que la Junta de Andalucía está tramitando un decreto, en estos momentos en fase de borrador, para regularizar este tipo de fincas.
