Tenían el bastón de mando de sus pueblos y lo usaron para amenazar con él a sus vecinos, negarles información, cometer delitos urbanísticos o desobedecer a los tribunales de Justicia. Luego las urnas, el partido o las circunstancias de la vida los sacaron de la alcaldía. Y después llegaron las condenas. Hay constancia de al menos cinco ex alcaldes de la provincia de Jaén condenados por los tribunales en apenas un año. Sin embargo, la Justicia aún no ha castigado a ningún alcalde en activo, pese a que actualmente hay abiertas más de una docena de causas penales contra regidores.
La veda al ex alcalde se abrió con Antonio Castillo (PSOE) a finales de octubre de 2008. El Penal 1 de Jaén lo condenó a seis meses de inhabilitación por permitir urbanizaciones ilegales en La Iruela, en el corazón del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Una condena significativa, por que aún es la primera y única a un regidor jienense por omisión del deber de perseguir delitos. Junto al ex alcalde cayeron cuatro compañeros socialistas que formaban la Junta de Gobierno.
José Antonio Álvarez López (PSOE) fue alcalde de Torres de Albanchez. Ahora es habitual de los juzgados. Acumula ya varias condenas de diez años de inhabilitación cada una por permitir naves industriales ilegales en el Parque Natural de Sierra Mágina, Aún le falta al menos un juicio por salir. Se está declarando culpable en todos.
Más curiosa -por urbanismo hay una decena de alcaldes imputados- es la condena al ex alcalde de Cazorla, José Luis Díaz (PSOE). Los dos alcaldes citados anteriormente están hoy fuera de la política. Díaz es diputado provincial, y según su curriculum en la web de Diputación es secretario general del PSOE de Cazorla y secretario de Ciudades y Política Municipal de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén. Además, ostenta el cargo de vicepresidente de la Junta Rectora del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. En abril de este año la Audiencia confirmó una condena contra él por amenazas a un ciudadano de Cazorla. «Tarde o temprano pagará el daño que hace», dijo sobre él en un medio de comunicación. No llega a delito. Se queda en falta.
También por una falta, de desobediencia, fueron condenados en junio pasado los ex alcaldes de Castellar María Inmaculada Ortega (PSOE) y Juan Escudero (PA) por no cumplir una sentencia del TSJA que les obligaba a reintegrar a una trabajadora municipal en su puesto y a pagarle una indemnización.
El único alcalde en activo del que hay constancia de una condena por una falta es a Amador Santiago (PSOE) tras una denuncia del PP por no facilitarles información municipal.
De la nómina de alcaldes en activo, la Justicia ha estado a punto de sentar en el banquillo a dos en poco más de un mes. Primero fue Manuel Vallejo (PSOE), al que iban a juzgar en el Penal 1 por supuestos delitos urbanísticos. El juicio ya venía suspendido de meses atrás. Un día antes de celebrar el 8 de octubre, su abogado renunció a llevar el caso. Le han vuelto a dar fecha: para dentro de un año.
El martes 10 de noviembre debía haberse celebrado el juicio por el caso Megatín, con el alcalde de Torredelcampo, Blas Sabalete, en el banquillo de los acusados. Otro de los acusados aportó parte de enfermedad y forzó la tercera suspensión ya.
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