Alcaldes o ex alcaldes ya de La Guardia, Jódar, Castillo de Locubín, Jamilena, Baños de la Encina, Noalejo, Cambil , Pozo Alcón y Torreperogil están implicados en casos que tienen relación con temas urbanísticos o con el Medio Ambiente. En Mengíbar hay una investigación aún en marcha sobre la etapa del anterior alcalde.
Algunos casos son especialmente llamativos. En Pozo Alcón, donde el Seprona de la Guardia Civil imputó a 72 personas, entre ellas a la ex alcaldesa, Carmen Escudero (PSOE) junto a medio centenar de vecinos, tres arquitectos técnicos, ocho constructores y diez directores técnicos de obra.
Curioso al menos es el caso de Noalejo. La Justicia llegó a imputar en 2007 a los once miembros de la anterior corporación municipal por su supuesta responsabilidad en irregularidades urbanísticas cometidas en la pedanía de La Hoya del Salobral. Un monte de titularidad pública calificado como suelo rústico protegido por paraje serrano donde se están construyendo chalés. En el caso, destapado a raíz de una investigación del Seprona de la Guardia Civil, también se imputó al actual alcalde, Antonio Morales Torres (PSOE), y a un técnico municipal.
En Baños de la Encina, a raíz de la denuncia de un particular en 2005 se imputó casi a medio centenar de vecinos y al ya ex alcalde, Miguel Campillo, (PSOE) por las casas y naves ilegales.
En Castillo de Locubín se llegó a imputar a 38 personas. Entre ellos el alcalde actual, José Justo Álvarez (PP), y el anterior, Antonio Cano(PSOE). El PSOE dijo entonces que siempre «se actuó con la mayor honestidad y dentro de la mayor legalidad posible». En La Guardia el que está imputado es Juan Morillo (PP).
