El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, aseguró ayer que su país no quitará los crucifijos de las escuelas, tal y como pide la sentencia emitida esta semana por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «No existe ninguna posibilidad de coerción que nos impida mantener los crucifijos en las aulas», aclaró el premier, que hace dos días calificó la sentencia de Estrasburgo de «inaceptable». Con todo, Berlusconi aseguró que su Gobierno recurrirá la sentencia y que, incluso en el caso de que dicho recurso fuera rechazado, no ejecutará la sentencia, porque ésta no tiene poder «coercitivo».
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio la razón el día 3 a una madre italiana que había recurrido a este tribunal para solicitar la retirada de los crucifijos del centro educativo público en el que estudiaban sus dos hijos. La corte europea dictaminó que la presencia de ese símbolo católico en las escuelas públicas supone una violación de la libertad de los padres de educar a sus hijos según sus propias convicciones y un atentado contra la libertad religiosa de los alumnos. La sentencia ha sido duramente criticada por el Vaticano y el Gobierno italiano de centro-derecha.
Retirada en Valladolid
En España, la Junta de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular, no se plantea retirar el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia contra la sentencia que obligó a retirar los crucifijos del colegio vallisoletano Macías Picavea, pese a la última sentencia del Tribunal de Estrasburgo. El viceconsejero de Educación Escolar, Fernando Sánchez-Pascuala, dijo que no cree que la sentencia europea influya, «porque es sobre un caso concreto referido a Italia» donde se plantea «si deben permanecer o no los símbolos religiosos en los centros educativos que ya los tenían».
Fernando Sánchez-Pascuala añadió que en el caso de Castilla y León no se está discutiendo sobre la presencia o no de los crucifijos, sino «sobre la autonomía e independencia de los consejos escolares para adoptar determinadas decisiones, como ésta, que debe ser voluntad de cada centro».
Por su parte, los obispos españoles consideran «injusta y discriminatoria» la decisión de máximo tribunal europeo. «Nos parece triste que se quiera recluir al crucifijo a los ámbitos puramente privados. No es justo y es discriminatorio», aseguró el obispo auxiliar de Madrid y portavoz de Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino.
Martínez Camino afirmó que el Episcopado está de acuerdo con las valoraciones efectuadas por el secretario de Estado del Vaticano, Tarsicio Bertone, y lamentó una sentencia «poco constructiva para el futuro de Europa». Y es que, reseñó el portavoz de los obispos, el crucifijo es un símbolo del cristianismo pero, al mismo tiempo, «de respeto a la dignidad de la persona humana y de su situación, sea pobre o rico, débil o fuerte, joven o anciano, sea de la raza que sea». «Este simbolismo -agregó- es lo que significa el crucifijo y lo que ha coadyuvado de manera fundamental a la construcción de una sociedad civilizada y a los valores que representa la civilización europea».
Símbolo de «respeto»
El secretario general de la CEE desgranó que también se trata de un símbolo «de distinción entre la Iglesia y el Estado», porque donde no lo hay «no hay distinción entre el poder civil y el poder religioso». «El crucifijo -dijo- significa respeto a la autonomía del Estado por parte de la Iglesia, y viceversa». «Si hubiera que erradicar del ámbito público estos símbolos, ¿quién los iba a llenar? -se preguntó-. Es la reflexión que hay que hacer, porque el ser humano no puede existir sin símbolos de sus valores e ideales».
