Ayer se recuperaba en el hospital. Tenía quemaduras en la manos, y sus ya de por sí inestables nervios por las nubes pese a la fuerte medicación. En la residencia para enfermos mentales de la fundación Faisem de la calle Alcalde Pancorbo Ortuño, en el Polígono del Valle, reparaban los destrozos del incendio y se recuperaban del susto de la noche del jueves. Las llamas se había cebado con la habitación del residente que provocó el fuego. El colchón quemado y la ropa chamuscada seguían allí, entre el polvo que dejaron los extintores, como la seria advertencia de que pudo ocurrir una tragedia. Aunque todo quedó en un susto (por precaución los bomberos evacuaron al resto de residentes, pero no hay daños de entidad fuera de la habitación incendiada). Un susto que, según los familiares del paciente, se pudo evitar: desde hace varios meses están advirtiendo a la Consejería de Salud que la residencia de puertas abiertas del Polígono del Valle no es el lugar idóneo para tenerlo, pues precisa de una atención que garantice más control sobre su situación.

El incendio se produjo en torno a las diez de la noche del jueves. Un residente prendió el colchón de su cuarto, y provocó un fuego en su habitación y una humareda en la casa. La residencia, gestionada por la Fundación Faisem (Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental) y destinada a enfermos mentales graves como centro de puertas abiertas, tuvo que ser evacuada. Tiene 15 plazas.

El enfermo que provocó el fuego tiene 44 años y padece varias patologías. Está considerado por la administración un enfermo mental grave. Lleva en tratamiento desde que tenía 17 años. En el centro del Polígono del Valle llevaba «poco tiempo», dicen sus familiares, quienes añaden que «ya estuvo allí un tiempo anteriormente y no le fue bien», tuvo que ser internado en el hospital y luego volvió a la residencia. En estos meses la familia ha mandado diversos escritos a la consejera de Salud para pedir plaza en un centro donde esté más controlado. «Habría evitado este suceso», asegura su hermano, Antonio.

El enfermo mental que provocó el incendio no es responsable de sus actos. Está legalmente incapacitado. Su familia tiene la tutela. Su hermano cree que el jueves por la noche intentó hacerse daño a él mismo cuando provocó el fuego.

Problema de recursos

Lo que la familia lleva tiempo reclamando es que lo internen en una residencia de media estancia de Málaga. Ya pasó allí seis meses. «No es un problema de evaluaciones médicas, es un problema de recursos», dice su hermano.

Actualmente el paciente que provocó el fuego estaba asistiendo al grupo terapéutico del Complejo Hospitalario de Jaén por las mañanas. Después se iba a la residencia. «Los enfermos mentales no provocan alarma social más que cuando ocurre algo grave. La lucha de muchas familias para que haya más recursos para ellos no sale en las noticias», se lamenta Antonio.

Los familiares de enfermos mentales y las asociaciones y asistentes sociales que trabajan con ellos aseguran que el peso para las familias es demasiado, y que las administraciones no ponen a su disposición los suficientes recursos, lo que lleva a muchos de estos pacientes a acabar directamente en la calle como «sin techo» o solos y teniendo que ser tutelados por organismos como la Fundación Jienense de Tutela, que se encarga de las personas que no tienen a nadie más o si lo tienen no se responsabilizan de ellos.

La administración, en este caso, la Junta de Andalucía rechaza tajantemente esta teoría y hace recuento de todos los recursos que se han puesto y se siguen poniendo a disposición de estos enfermos en un esfuerzo ingente que cuesta muchos miles de euros.

Asociaciones y fiscales

La presidenta de la Asociación Provincial de Allegados y Enfermos Mentales (Apaem), Angustias Sánchez, aseguraba el año pasado que «faltan recursos materiales y humanos. Hay buenos profesionales en la provincia de Jaén, pero no pueden hacer más y mejor porque no hay gente suficiente».

Desde el año 2000, en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Jaén hay más de 3.000 fichas informatizadas de casos de personas incapacitadas -las más vulnerables de entre los vulnerables de los enfermos mentales-, a las que hay que sumar un buen número de fichas antes de que se implantase el sistema informático. Al año se añaden unos 250 procedimientos. Con una dificultad añadida: «A la sociedad sigue importándole muy poco ésto. Si acaso como declaración de principios y poco más. Como si quisiéramos quitárnoslos de encima», según ha llegado a declarar Cristóbal Fábreba, fiscal especialista en incapacidades y una de las autoridades teóricas en la materia a nivel nacional.

La escasez de medios tiene traducción en el mundo judicial: «Es escandaloso que en Jaén haya juzgado de lo Mercantil, o violencia de género y no para discapacitados. Para algo que nos puede tocar a todos», indicó Fábrega.