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Desde 2006 hay un fondo de garantía social para los impagos de pensiones
12.07.09 -

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Cuando los recursos económicos menguan o directamente dejan vacíos los bolsillos, el pago de las pensiones empieza a tambalearse. En más de un 90% de los casos son ellas las que reciben las prestaciones porque tienen a su cargo la custodia de los hijos habidos en el matrimonio. Cuando el ex cónyuge pierde su trabajo y deja de percibir los subsidios la situación se complica para ambos. Ella y los hijos porque dejan de percibir unos ingresos indispensables para vivir y él porque a menudo no tiene ni medios de subsistencia.
Este año, organizaciones benéficas han alertado de que además de las miles de familias a la que la crisis ha colocado en el umbral de la pobreza porque ninguno de sus miembros tiene empleo, los divorciados se han sumado a ese ya numeroso grupo de nuevos pobres.
Muchas de las que acuden a pedir ayuda son mujeres jóvenes con hijos a su cargo, bien porque son madres solteras de las que su pareja se ha desatendido, bien separadas y divorciadas a los que los ex maridos no pasan ninguna pensión. «Están en una situación desesperada. Llegan pidiendo ayuda para pagar el alquiler, el recibo del agua o de la luz porque se la han cortado e, incluso, vales para comida», añade.
Aunque la mayoría son jóvenes, de entre 18 y 25 años, hay casos de todas las edades.
Un seguro
El problema no es nuevo, aunque se haya agudizado con la crisis. En 2007 una consultora de Madrid llegó a lanzar una póliza dirigida sólo a divorciados para que, si se quedan en paro, fallecen o sufren una invalidez, quede garantizado a los hijos el cobro de una pensión hasta que se independicen. «Se trata de constituir una renta temporal hasta que el crío cumpla 25 años», explicó Roberto Rubio, director general de la aseguradora.
Es una alternativa privada al «fondo de garantía social» para situaciones de impago de pensiones a los hijos por parte del progenitor no custodio que vienen reclamando las asociaciones de separados de España y que, por vez primera, la Ley de Presupuestos Generales de diciembre de 2006 contempló en la disposición adicional 53 con una partida provisional de 10 millones de euros.
El precio de la póliza «privada» para divorciados oscila entre los 600 y 700 euros anuales. No pueden contratarla los que no se fíen de que su cónyuge cumpla con sus obligaciones en caso de ruptura y tampoco cubre el pago de la pensión si ésta se corta de forma injustificada.
«Tendría que ser un seguro de obligada suscripción», llegó a reclamar María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. Juan Luis Rubio, del colectivo de Padres Separados APFS, va más allá y pide «cobertura monetaria para los ex maridos».
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