JAÉN
La ha puesto en marcha la Asociación Nacional de Objeción de Conciencia
Comprando la píldora. /IDEAL
El anuncio de las ministras de Sanidad e Igualdad, Trinidad Jiménez y Bibiana Aído, de que la píldora del día después se pueda dispensar sin receta y sin control médico en las farmacias no sólo ha provocado polémica social. En el colectivo de los farmacéuticos, que serán al fin y al cabo los responsables de dispensar la pastilla, el rechazo es aún mayor. Sobre todo porque la norma prohíbe a los profesionales de la farmacia a que, amparados en la objeción de conciencia, se nieguen a dispensar la poscoital.
Desde la Asociación Nacional de Objeción de Conciencia, Andoc, que tiene su sede social en Jaén, han puesto en marcha una campaña de información dirigida a médicos y a farmacéuticos. El mensaje que les quieren transmitir es que es «ilegal» que se prohíba a un profesional acogerse a la objeción de conciencia. En ésta o en cualquier otra práctica. Para ello, les instan a que, si se ven obligados a vender la píldora poscoital y ello va en contra de sus principios, comiencen con un periodo legal contra la Administración. Es decir, recurrir primero al trámite administrativo y si no prospera, seguir con el contencioso.
En núcleos rurales
La campaña informativa, ya comenzada, se dirige principalmente a los núcleos rurales. Dice Juan Molina Valdés, portavoz de Andoc, que es en los pueblos pequeños donde los profesionales médicos y farmacéuticos se sienten más presionados. «Y en donde se detectan más abusos de autoridad», continúa. «En las capitales, los farmacéuticos tienen más amparo en sus colegios, porque tienen cerca la sede, pero en las zonas más alejadas la situación cambia», apunta.
Andoc ha elaborado una documentación básica, extraída de varios simposium sobre objeción de conciencia, en la que se le explica al profesional a qué tiene derecho y a qué no. Los textos los pueden solicitar los interesados en formato digital o editados en un libro. La pasada semana, Andoc envió más de 250 a socios de toda España. Además de esto, la asociación pone a disposición de los médicos y los farmacéuticos servicios jurídicos para que se vean respaldados en caso de querer emprender una acción legal contra aquellos que los insten a dispensar la píldora siempre que ello atente contra su ética profesional.
El mismo servicio jurídico será el que trabajará con los profesionales como consecuencia de la Ley del Aborto y una vez que se ponga en práctica. Molina Valdés insiste en que en este último caso tampoco es legal obligar al profesional médico a que practique un aborto si su conciencia no se lo permite. «Es una barbaridad, tanto como las inhumanas palabras de la ministra Aído al referirse a la vida del feto», continúa el portavoz.
