Mientras se concretan qué medidas propiciarán el cambio de modelo productivo en la comunidad, el gran maná de la economía en el último decenio, el 'ladrillo', busca fórmulas que frenen el desmantelamiento del sector y la consiguiente destrucción de empleo. El problema es que el asidero más consistente para evitar la caída al precipicio, la vivienda de protección oficial (VPO), no está siendo un revulsivo para las promotoras de Jaén, que siguen sin verlo claro mientras que otras de fuera les comen el terreno. Así sucede, por ejemplo, con las 1.020 VPO que está ejecutando en estos instantes la Consejería de Vivienda. De esas 1.020, tan sólo el 14 por ciento (143 en números absolutos) están siendo edificadas por firmas jienenses, mientras que el 86 por ciento restante se erigen por razones de otras provincias. Si traducimos estas variables en términos económicos, el reparto del pastel evidencia igualmente estas diferencias. De los 68,9 millones de euros licitados, las empresas de Jaén han logrado proyectos por importe de 8,3 millones de euros, mientras que los 60,6 millones restantes sí que 'han emigrado'.

El delegado de Vivienda, Julio Millán, aclara que, a pesar de que la mayor parte de los adjudicatarios no son de Jaén, sí es cierto que posteriormente las trabajos se subcontratan a negocios locales (estructuras, tabiquería, instalaciones...), por lo que en última instancia buena parte de esos 68,9 millones terminan revirtiendo en el territorio. Y es que la administración autonómica, al igual que sucede con la municipal, la provincial y la estatal, deben atenerse a los dictámenes de la Ley de Contratos para la Administración Pública.

Según esta normativa, los contratos pueden ser negociados siempre que no rebasen la cantidad de un millón de euros (sin IVA), cuando lo normal es que este tipo de concursos superen los 3 millones de euros. Se requiere, por tanto, que los expedientes sean publicitados, lo que abre las puertas a todos los que quieran presentarse, con independencia de dónde estén afincados y con independencia también de la voluntad de los políticos.

Desde la Federación de Promotores y Constructores de Jaén consideran que, más allá de lo que dice la legislación, los requisitos que se recogen en los pliegos de condiciones, especialmente cuando interviene la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), hacen muy difícil que «ni tan siquiera podamos presentarnos». «En algunos casos se ha pedido que el solicitante acredite que anteriormente ha llevado a cabo 3.000 VPO, lo que hace muy difícil que concurran muchas sociedades de Jaén», comentan estas fuentes, quienes agregan que «estamos ante un segmento bastante restringido y muy machacado por los precios, por lo que resulta muy complicado acudir a algo que se sabe de antemano que va a tener una rentabilidad dudosa».

Por todo ello, desde la patronal entienden que ha llegado el momento de dar un impulso al mercado libre, otorgando ayudas directas de las que se puedan beneficiar los compradores. «La prioridad -aseguran- debe ser que se reduzca el stock de pisos, a fin de que la demanda se recupere y se reactive un sistema lastrado por las cargas que implica el tener tantas casas inmovilizadas, por los enormes problemas para obtener financiación y por la imposibilidad de acometer nuevos inmuebles».

Una buena salida

Julio Millán opina, por su parte, que la VPO puede ser una buena salida, «y para ello estamos llevamos a cabo una labor pedagógica con los propios empresarios y con los alcaldes, convocando reuniones en diferentes municipios de Jaén, para quitarles la imagen negativa de la VPO y más a raíz de los cambios normativos que se están efectuando en la actualidad». En este sentido, Julio Millán destaca la relevancia de la Ley de Derecho a la Vivienda en Andalucía que, tras la aprobación inicial por parte del Consejo de Gobierno el pasado martes, ya ha comenzado su tramitación parlamentaria y se espera que entre en vigor en un período de tiempo de seis meses.

También resalta otras medidas, como que la Junta de Andalucía comparta con las entidades el riesgo en la concesión de préstamos que permitan a los promotores concluir las VPO, que pondrán ser comercializadas en alquiler con opción de compra en caso de que no sean vendidas.

Millán ha reseñado la importancia que iniciativas como el Programa de Rehabilitación Singular de Edificios. Se prevé una inversión de más de 60 millones de euros (12 de ellos de subvenciones públicas) en unas 720 comunidades de vecinos que favorecerán a unas 9.200 familias. Así, la totalidad de los 11,88 millones liberados hasta la fecha con cargo a este plan han favorecido a constructoras de Jaén. Se estima que se podrían generar en torno a 550 puestos de trabajo directos.