Cuando el secretario judicial de cualquiera de los órganos de la provincia enciende su ordenador por la mañana sabe que le espera una dura jornada de lucha. Tanto contra las montañas de papeles que se acumulan en prácticamente todas las jurisdicciones como contra el ordenador mismo. En un cajón de su mesa, bien a mano, debe tener una carpeta con las 22 claves de usuario y contraseñas que necesita para navegar por el desbarajuste informático que es hoy en día el sistema judicial. Y ni aún así puede cruzar datos con el juzgado que está pared con pared con el suyo. Y mucho menos con los que ni siquiera están en Andalucía. Un informe de que los secretarios judiciales han hecho llegar al Ministerio indica que «las deficiencias en la configuración de las aplicaciones informáticas está suponiendo un auténtico problema una pérdida de tiempo lamentable».
«Hay que llevar un auténtico listín», lamenta Ángel Luis Luque, secretario coordinador. No hace demasiado todo lo que ahora se hace desde cada juzgado a través de un ordenador había que hacerlo librando oficios a un servicio central y esperando respuestas por carta. «Se han producido avances innegables, hoy todo es inmediato. Pero es complicado», asegura. No hay dos claves iguales. Cada una contiene un número distintos de números y letras. Y se actualiza en un plazo distinto (unas cada 54 días, otras cada mes y otras cada tres meses). «Si a estos se suma el continuo cambio en al configuración de las aplicaciones y a veces incluso cambios en las rutas o en la forma de acceso, resulta que sólo para tener al día las 22 claves hay que hacer un desgaste de tiempo innecesario», dicen los secretarios.
Y todo eso sin solucionar el principal problema informático de los juzgados en España: los distintos órganos apenas comparten información. Y cada comunidad autónoma tiene su propio sistema, incompatible con el de las demás. El vocal del Consejo General del Poder Judicial Pío Aguirre, anunció la semana pasada en la Universidad de Jaén que a final de año estará ultimada una propuesta para unificar sistemas informáticos entre comunidades. «Para un juez de Jaén es imposible saber lo que está haciendo otro juez en Albacete o Murcia. Comunidades uniprovinciales como Murcia están aisladas del resto de España. No es de recibo», aseguró.
Aguirre, ante un auditorio de más doscientos estudiantes de Derecho, admitió que «situaciones como la del caso famoso que todos conocemos (en alusión a la muerte de la niña onubense Mari Luz) siguen pasando hoy todos los días: que un ciudadano declare en un juzgado y que el que está al lado, que lo está buscando, no lo sepa», indicó a los futuros letrados, procuradores, jueces y fiscales. En este contexto, Aguirre emitió una opinión personal sobre el origen de este problema: «Muchos de los males de la Justicia tienen que ver con la división de poderes establecida en una sentencia del Tribunal Constitucional que daba a las autonomías competencias en la administración de la administración de Justicia».
Como solución, el CGPJ ha propuesto las medidas de creación de la oficina judicial (de la que habla desde hace más de una década), reestructurar la planta judicial con la carga de trabajo adecuada a cada órgano, juicios rápidos civiles, mediación penal, reformas procesales. Y por supuesto, mejoras en el sistema informático.