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M. L.
Domingo, 15 de febrero 2009, 03:06
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Fue a finales de diciembre del año pasado, en plenas vacaciones de Navidad para muchos, cuando la Consejería de Educación publicó el borrador del decreto por el que pretendía que las clases comenzaran el 7 de septiembre y en el que también incluía la opción de que los consejos escolares de cada centro votaran para decidir si volvía la jornada partida a las aulas y de que se celebrara un referéndum entre los padres con el mismo fin.
En aquellos días ya surgieron las primeras protestas, aunque, sin duda, fue a la vuelta de las vacaciones, después de Reyes, cuando todos los sindicatos de docentes se pusieron en pie de guerra y criticaron la medida por considerarla, en algunos casos, absurda. Pedían, por tanto, su retirada.
Mantuvieron con posterioridad una reunión en la mesa sectorial con la consejera aquellos sindicatos que tienen representación y allí se les propuso que en vez del 7, las clases comenzarán el 10. Lo del referéndum entre los padres pareció entonces quedar en un segundo plano.
El plazo
Pero finalizó el plazo acordado en la Mesa Sectorial para que analizasen la propuesta y no habiendo recibido respuesta positiva por parte de los sindicatos, el decreto seguirá ahora su tramitación. De esta forma, como planteaba la propuesta original, el inicio del curso para el segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial será el 7 de septiembre; para Educación Secundaria la fecha de comienzo de las clases se mantiene como hasta ahora; mientras que para Bachillerato, Formación Profesional y el resto de enseñanzas el calendario se adelanta al 15 de septiembre.
Según este proyecto de decreto, el régimen ordinario de clases comenzaría el día 7 de septiembre de cada curso o el primer día laborable después de éste en caso de que sea sábado o festivo, todo ello con el objetivo de las delegaciones provinciales y los propios centros dispongan de mayor margen para conjugar el tiempo dedicado al horario lectivo y al de ocio, «necesario e indispensable, igualmente, para la mejora del rendimiento académico y madurez personal del alumnado». La Consejería de Educación alega mejora de la calidad de la enseñanza y favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar como principales motivos para haber tomado esta decisión.
En cualquier caso, tanto la consejera de Educación como el presidente de la Junta, Manuel Chaves, parecen dejar la puerta abierta al diálogo.
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