La aplicación de la Ley de la Dependencia en la ciudad está aportando sus efectos beneficiosos por la generación de empleo y actividad económica, aunque también ha evidenciado algunas vicisitudes de las que ha salido perjudicada una familia.

La consejera de Igualdad y Bienestar Social, la iliturgitana Micaela Navarro, indicó el pasado mes de diciembre en una visita que que giró a la ciudad que en la misma, se habían tramitado hasta ese mes 1.245 solicitudes de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, de las que se habían realizado 949 valoraciones.

Estos datos revelan que un total de 570 personas están dentro del grado de gran dependencia y dependencia severa. Navarro sostuvo que la implantación de la Ley ha dejado efectos beneficiosos sobre la actividad económica debido a la creación de puestos de trabajo, algo que han confirmado desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento que han sido testigos de como muchas personas (sobre todo mujeres) se han dado de alta en la Seguridad Social para prestar sus servicios, bien para el servicio de asistencia a domicilio, o bien para ejercer la labor de cuidadora a nivel particular.

En este sentido, la delegada provincial de Igualdad y Bienestar Social, Carmen Álvarez Arazola, indica que el año pasado el Ayuntamiento recibió en concepto de Ayuda a Domicilio por Dependencia 198.844 euros cantidad que se entregó con una periodicidad semestral. Para el primer semestre de este año ya se ha contemplado una cantidad de 141.366 euros. Según ha podido saber esta redacción, una veintena de mujeres realizan este servicio con la Ley de la Dependencia.

El problema

Pero esta ley también ha tenido sus problemas en la ciudad. La familia de la fallecida Ramona López Estepa ha mostrado públicamente su indignación con el procedimiento que ha seguido en su caso la Consejería de Igualdad y Bienestar Social a la hora de aplicar la Ley de Dependencia. Su hija María Antonia Lara López, dice que en el año 2007 le le valoraron a su madre el grado tres y nivel dos de gran dependencia con carácter permanente. Ramona murió el día 1 de junio de 2008 y dos días más tarde, su familia recibe por parte de la delegación provincial de Igualdad y Bienestar Social la notificación de la cantidad económica que se le otorga por los cuidados que le dispensaba su hija, desde el reconocimiento del grado de dependencia. «Desde el 1 de junio de 2007 hasta el 30 de junio de 2008 nos conceden 6.128 euros en concepto de atrasos», aclara María Antonia, quien mostró su sorpresa cuando después recibió una notificación en la que se le informaba que no tenían derecho a esa prestación, porque su madre había fallecido.

Desde que hace ahora un mes denunció públicamente su caso, familias de otros núcleos de Andalucía como Priego y Lebrija se han puesto en contacto con su familia para informase, ya que están pasando por la misma situación. La familia de Ramona López piensa llevar este tema por la vía contencioso administrativa, aunque algunos abogados con los que ha tratado les ha confesado que se van a tener que estudiar muy bien el caso por tratarse de una normativa novedosa.

«La ley es clara»

La delegada, Carmen Álvarez, sostiene que esta familia tiene todo el derecho de utilizar este camino pero precisa, que en su caso, la ley es clara: «Sólo se benefician los dependientes y no sus familiares y herederos y deja claro que los beneficios se invalidan cuando la resolución llega después del fallecimiento, como es este caso». Admite Arazola que la situación es compleja, pero matiza que sí en vez de dar una ayuda económica se proporciona una estancia en una residencia: «Sí le hubiésemos dado la plaza a una persona que ya ha fallecido, quien se hubiera beneficiado, por lo que la ley hace esta precisión que deja muy clara en uno de sus apartados», explica Arazola, quien apostilla que sí no se hace esta aclaración, se hubiera creado un problema en el tema de la designación de una plaza en una residencia.