Padres de niños del Instituto Segura de la Sierra, de Beas de Segura, no permitirán hoy que sus hijos entren a clase si los tres alumnos denunciados la semana pasada por supuestos tocamientos a dos menores regresan al aula que comparten con las denunciantes. La presidenta de la asociación de padres del centro, Magdalena López, explicaba ayer que los padres del primer curso C de ESO han tomado esta decisión ante la situación de violencia e indisciplina en el grupo. Los supuestos tocamientos han sido la gota que ha colmado un vaso que se ha ido llenando con 177 partes de incidencia en esa clase en un mes, según datos de la asociación de padres.

«Si se reincorporan los menores, los padres no dejarán que sus hijos vayan al clase hasta que el centro tome medidas que garanticen la convivencia el derecho a la educación con normalidad», dijo ayer López. Tras los hechos denunciados el miércoles, los alumnos fueron expulsados cautelarmente durante dos días del centro escolar, siempre según han explicado los padres (Educación no ha hecho ningún comentario sobre lo ocurrido).

Los padres sostienen que en esa clase «un grupo de alumnos veja y agrede sistemáticamente a sus compañeros, les faltan gravemente al respeto a los profesores e impiden el desarrollo de las clases. Hay horas en las que los profesores se ven obligados a rellenar más de cinco partes de incidencia», según denunciaron el viernes en la Fiscalía. Un hecho insólito, acudir a la Justicia para que garantice la convivencia en un centro escolar, que se toma según López después de cuatro años «sin que Educación haga nada».

«Desmadre total»

A la Fiscalía se denunció que el centro vive una situación de «desmadre total» en lo que se refiere a convivencia y disciplina, con 248 partes de incidencia en un mes, peleas, insultos o faltas de respeto a profesores prácticamente diarias, porros en el edificio de Bachillerato.

Ante este panorama que describen los padres, «la directora sigue sin aplicar el plan de convivencia del centro», y sus apelaciones al inspector de referencia del centro, al inspector general de la Consejería, y la delegada de Educación no han surtido el efecto deseado.