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EN LOS JUZGADOS. Letrados, acusados y familiares esperaban ayer para entrar a juicio. /F. J. C.
Doce acusados por los chalés ilegales en el Megatín esperan el salvavidas de la legalización
JAÉN

Doce acusados por los chalés ilegales en el Megatín esperan el salvavidas de la legalización

El proceso administrativo provocó la suspensión del juicio, en el que se pide la inhabilitación del alcalde torrecampeño

J. E. P.

Martes, 1 de abril 2008, 03:43

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El juicio por supuestos delitos urbanísticos cometidos en el Megatín (Torredelcampo) fue suspendido ayer a petición del Fiscal tras alegar las defensas que las casas de este paraje están en trámites de legalización, que cuentan ya con el visto bueno de Medio Ambiente de la Junta, que Confederación Hidrográfica comprobará en breve que el tratamiento previsto para los vertidos es correcto y que sólo falta ya que Obras Públicas dé luz verde. En el juicio hay doce acusados, la mayoría propietarios de casas en la zona, aunque entre ellos está en alcalde, Blas Sabalete, al que el Fiscal acusa de no cumplir con su obligación de vigilar y combatir las ilegalidades urbanísticas y para el que se pide inhabilitación durante dos años.

El propio Sabalete decía ayer en la puerta del juzgado que el problema para legalizar la urbanización del paraje se debía a que las construcciones ocupan una cañada real. Según el regidor, por este motivo Medio Ambiente (titular de la vía pecuaria) no aceptó el primer intento, de 1998. El proyecto presentado ahora prevé un trazado alternativo para la vía pecuaria y sí ha sido aceptado por la administración andaluza. El suelo «será declarado dentro de poco de uso residencial», indicó Sabalete.

Aun cuando el paraje sea legalizado, la defensa del alcalde admite que se podrían mantener en los mismos términos las acusaciones contra el regidor. Y habría cargos contra el resto de acusados, que podrían ser condenados a unos meses de cárcel y multa. Pero no habría demoliciones.

Junto a la del alcalde, destaca la acusación contra Antonio R.C., al que se piden tres años de prisión, el pago de una multa de 7.200 euros. El fiscal expone que Antonio R.C. promovió con el fin de obtener un beneficio económico la construcción de viviendas destinadas a ser una segunda residencia en una zona natural protegida y que no estaba destinada a uso residencial. Los otros diez acusados son titulares de casas en esa promoción, y se les pide un año y 1.080 euros de multa.

Los movimientos de tierra comenzaron en el año 1993, pero fueron suspendidos administrativamente. Aunque el acusado «decidió continuar con dichas operaciones» que en principio contemplaban la construcción de 14 viviendas y que siete años más tarde se ampliaron hasta 60 parcelas.

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