IU la ha reclamado sin éxito desde el año 2001 a los distintos gobiernos del PP, a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que establecía que con los cajeros había una ocupación privativa de bienes de dominio público local y que han de tributar por ello. IU proponía destinar lo ingresos a programas juveniles de empleo.
También la pidió para este año, 2007, pero el gobierno del PP la rechazó alegando que había pocos cajeros en las aceras, pues la mayoría de las entidades los tenían dentro, y que salía más caro la gestión del cobro de la tasa que los ingresos que pudieran obtenerse.
Pero se ha extendido y cada vez son más los ayuntamientos que la han creado, muchos de ellos gobernados por el PP, como es el caso de Granada, que la ha estrenado este año, a una media de 225 euros anuales por cada cajero. Para ello ha establecido que cada cajero hace uso por término medio de unos 2,5 metros cuadrados de la vía pública.





