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La Justicia lusa frena los recortes permanentes en pensiones

La Justicia lusa frena los recortes permanentes en pensiones

El Tribunal Constitucional da luz verde a las medidas de ahorro a costa de los funcionarios en 2014 y 2015, pero rechaza extenderlos a 2018

AGENCIAS

Viernes, 15 de agosto 2014, 01:31

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El Tribunal Constitucional (TC) de Portugal vetó ayer los recortes permanentes en pensiones y aprobó los recortes salariales a los funcionarios para 2014 y 2015, pero los rechaza entre 2016 y 2018, forzando así al Gobierno a nuevas medidas de ahorro para cumplir con la UE.

Los jueces del Alto Tribunal, que analizaron la ley a instancias del presidente portugués, Aníbal Cavaco Silva, coincidieron en que los recortes previstos para los próximos años son parcialmente contrarios a la Carta Magna y obligan al Ejecutivo a buscar ahorros por valor de centenas de millones de euros. El Constitucional ha considerado durante los tres últimos años ilegales recortes del gasto público por valor de varios miles de millones de euros y ha llevado al Gobierno a poner en marcha alternativas para cumplir con los acreedores.

Las medidas analizadas, que afectaban a casi un millón de portugueses entre pensionistas y funcionarios, habían sido aprobadas por el Gobierno conservador para acometer una reforma estructural a medio plazo con la meta de sanear las cuentas. Así, los trabajadores públicos sufrirán de nuevo un recorte diseñado por el anterior Gobierno socialista (2005-2011).

Tendrán una reducción de entre el 3,5 % y el 10 % en los salarios superiores a 1.500 euros mensuales, pero únicamente hasta el 2016, a partir de cuando los recortes serán ilegales. Los jueces justificaron esta aprobación parcial debido a la necesidad de que el Gobierno baje su déficit público, tal y como pidieron la UE y el Fondo Monetario Internacional, la troika acreedora que rescató al país entre 2011 y 2014.

Sin embargo, la norma sobre las pensiones no entrará en vigor por "la violación del principio de protección de confianza", según los jueces. Esta ley consistía en un plan definitivo de reducción de las pensiones, llamado "contribución de sostenibilidad" y que establecía una tasa en varios rangos, uno del 2 % a aquellas pensiones de entre 1.000 y 2.000 euros, que sube al 3,5 % en las de hasta los 3.500 euros

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