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El Congreso colombiano aprueba la Ley de Amnistía para las FARC

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos. / Afp
  • El Centro Democrático, partido político del expresidente Álvaro Uribe, uno de los principales detractores del acuerdo de paz, ha abandonado la sede legislativa antes de la votación

El Congreso de Colombia ha aprobado este miércoles una Ley de Amnistía que el Gobierno de Juan Manuel Santos ha calificado de "histórica" y como el primer paso para la consolidación del acuerdo de paz alcanzado a finales de noviembre con la guerrilla FARC.

La normativa, que otorga tratamiento jurídico especial, amnistía e indulto a miembros de las FARC señalados de delitos políticos y conexos, fue aprobada en el Senado con 69 votos a favor y 0 en contra y previamente en la Cámara de Representantes con 121 a favor y 0 en contra. El derechista Centro Democrático, liderado por el senador y expresidente Álvaro Uribe, férreo opositor a lo sellado, participó en los debates pero abandonó ambos recintos en el momento de la votación.

La ley hace parte del acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre por el Gobierno de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la principal guerrilla del país, para superar un conflicto armado de más de medio siglo. La ley excluye de sus beneficios a los responsables de delitos de lesa humanidad, genocidio, violaciones sexuales, tortura y ejecuciones extrajudiciales, entre otros. Según el acuerdo de paz, quienes confiesen crímenes atroces ante un tribunal especial podrán evitar la cárcel y recibir penas alternativas. Si no lo hacen, y son declarados culpables, serán condenados a penas de ocho a 20 años de prisión. Ahora "5.700 guerrilleros comenzarán a bajar del monte y entregar sus armas", dijo el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, citado en un comunicado de su despacho.

El trámite en ambas cámaras se realizó en sesiones extraordinarias a través de un mecanismo de vía rápida ('fast track') que permite reducir el número de debates necesarios para la validación de las normas relacionadas con el pacto de paz. "Con esta decisión (los congresistas) han dado el impulso definitivo para el desarme y la desmovilización de la guerrilla de las FARC", aseguró el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en el pleno en la cámara baja.

Las FARC frenaron la movilización de sus tropas a las 26 zonas donde deben concentrarse para entregar progresivamente las armas por vacíos en la situación jurídica de sus integrantes. De hecho, este miércoles las partes aplazaron la llegada de los rebeldes a los lugares seleccionados porque la infraestructura aún no está lista. De acuerdo con el plan establecido, los insurgentes debían pasar el fin de año en dichos lugares. También sostuvieron que "a más tardar" el 30 de enero se establecerá el número de guerrilleros que no son "amnistiables, ni indultables" y a qué zonas serán trasladados.

Anteriormente otros gobiernos habían implementado la figura de la amnistía con grupos guerrilleros como los desmovilizados Movimiento 19 de Abril (M-19) y el Ejército Popular de Liberación (EPL). Las mismas FARC, bajo otras condiciones, también la habían recibido.

Civiles y agentes estatales

La ley también permitirá adoptar tratamientos penales especiales para civiles y agentes estatales que hayan sido "condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado". "Es también el instrumento que le da solución a la situación jurídica de los agentes del Estado", indicó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en la plenaria del Senado. El funcionario aseguró que esta normativa, en su capítulo de renuncia a la persecución penal y libertad provisional, le dará una solución jurídica a unos 5.000 miembros de la fuerza pública.

Además, agregó, se espera que entre los próximos 60 y 90 días salgan en libertad provisional 1.200 de ellos por pena cumplida debido a que la justicia transicional creada en el acuerdo así lo prevé para los responsables de delitos graves que hayan cumplido cinco años de prisión. También incluye la renuncia penal para los integrantes de la fuerza pública investigados por delitos menores.

La ley de amnistía pasará a revisión de la Corte Constitucional y, de recibir su aval, será sancionada por el presidente Santos.